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El Gobierno defiende su «coherencia» en contra de la legalización de Sortu

Defiende la postura de la Abogacía del Estado, que ha pedido al Tribunal Constitucional que rechace el recurso de amparo de la formación y mantenga su prohibición

MADRID Actualizado: Guardar
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El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que la posición de la Abogacía del Estado, que hoy ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que rechace el recurso de amparo de Sortu y mantenga su prohibición, es "pura coherencia" con lo que siempre ha defendido el Gobierno.

Caamaño, en declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que el Ejecutivo ha defendido su posición ante el Tribunal Supremo en contra de la legalización de Sortu, y es evidente que ahora considera que no se vulnera ningún derecho fundamental, como alega Sortu, respecto del derecho de asociación política, entre otros. "Siempre hemos defendido una posición y lo que hacemos es ser coherentes con la posición que el Gobierno ha mantenido desde un primer momento en este tema", ha señalado.

Al ser preguntado si se puede esperar la ilegalización de Bildu de cara a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, el titular de Justicia ha dicho que esta es una decisión que depende de los tribunales.

Caamaño ha precisado que la Abogacía del Estado ha adoptado una vez más las medidas que le corresponden y la Fiscalía también está haciendo su trabajo. "Si se acredita -porque ante los tribunales hay que llevar siempre pruebas y no conjeturas- que existen medios de pruebas convincentes que permiten mantener esa acción ante los tribunales, la Abogacía del Estado allí estará defendiendo el Estado de Derecho", ha subrayado el ministro.

Otegi

Respecto a la sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi a diez años de prisión por seguir las órdenes de ETA, Caamaño ha destacado que lo único que puede decir como ministro de Justicia es que siempre respeta las decisiones de los tribunales.

En el caso de Otegi, ha reconocido que se ha dictado una sentencia que está fundada en Derecho y que todavía puede ser recurrida, pero "si se pide la ejecución de la misma y la Sala así lo acuerda, debe adoptarse y aplicarse".