El Senado aprueba la reforma de la Constitución

El Pleno del Senado ha dado luz verde definitiva a la reforma del artículo 135 de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria, una modificación pactada entre PP y PSOE que solo ha obtenido el apoyo de UPN. La reforma ha cosechado 233 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, superando así los tres quintos de la Cámara requeridos.

La reforma ha salido adelante con el apoyo de los mismos grupos que en el Congreso, después de que la mayoría de la que disfrutan socialistas y 'populares' hiciera inviable la incorporación de las enmiendas que habían presentado los partidos de izquierda y los nacionalistas vascos, catalanes y canarios.

Una vez que el trámite en el Senado no ha supuesto ningún cambio en la propuesta de reforma pactada entre PP y PSOE, el texto no deberá volver al Congreso y se abre un plazo de quince días para solicitar la celebración de referéndum, para lo que se requiere la firma de 26 senadores o 35 diputados.

Clave para el Estado del bienestar

Durante el debate en el Pleno del Senado de la reforma del artículo 135 de la Carta Magna, socialistas y 'populares' se han erigido en defensa de esta medida y los beneficios que reportará a la economía española, así como el procedimiento de urgencia por el que se ha tramitado.

"Las constituciones nacen para durar, pero las leyes también deben ser capaces de adaptarse a los cambios y exigencias de una realidad en continua y acelerada modificación", ha expuesto el portavoz del PP, Pío García-Escudero, que ha advertido de que esta reforma se ha llevado a cabo "con absoluta normalidad democrática".

El portavoz 'popular' ha puesto además en valor el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, que simboliza que ambos están "dispuestos a garantizar el futuro" y sentar las bases "que permitan garantizar el progreso económico y social", y ha asegurado que no es únicamente una respuesta coyuntural a la crisis, sino "un principio básico permanente e irrenunciable".

Además, ha rechazado los argumentos en contra que la califican de antisocial y ha advertido de que "no hay nada más social que el compromiso permanente con unas cuentas públicas saneadas". "Sin rigor presupuestario no hay Estado del bienestar que se sostenga", ha enfatizado García-Escudero coincidiendo con la portavoz del PSOE, Carmela Silva, que ha calificado de "demagogia fácil" estas acusaciones.

"¿Saben dónde sí es una seria dificultad mantener las políticas sociales? En los países intervenidos", ha advertido Silva antes de preguntar a quienes están en contra de la reforma si quieren lo mismo para España. "Por eso esta reforma quiere lanzar al mundo un mensaje fuerte de solvencia y confianza", ha explicado. "Es una reforma constitucional que tendrá gran incidencia en economía española, el empleo y la confianza, así como en la solvencia y credibilidad de España ante el mundo -ha continuado la portavoz socialista-. Este es un momento solemne y todos tenemos la obligación política de estar a la altura de las circunstancias".

"Si esperamos, igual no llegamos"

Los portavoces de PP y PSOE han coincidido también en rechazar que la reforma suponga una merma a las competencias de las comunidades autónomas y han defendido que garantiza la igualdad de España y sus ciudadanos ante la crisis económica. "Cuando existen dificultades, los vínculos de solidaridad deben estrecharse y no relajarse", ha sostenido García-Escudero.

Asimismo, han compartido la urgencia de la medida debido a la "situación límite" a la que ha llegado España, según ha expuesto el portavoz 'popular'. A quienes piden la celebración de un referéndum, Carmela Silva les ha recordado que no está exigido por la Constitución y hacerlo ahora sería "contraproducente". Aunque ha reconocido que en otras circunstancias la consulta popular sería objeto de debate y una propuesta "a tener en cuenta", ha insistido en que la actual coyuntura impide retrasar la aplicación de la reforma porque "llevaría a plazos muy peligrosos y crearía más incertidumbre". "No nos podemos permitir el retraso de su aplicación, necesitamos un mensaje de confianza y no podemos esperar porque si esperamos igual no llegamos", ha avisado.

Rechazo de los nacionalistas

Esos argumentos no han convencido a los nacionalistas, que consideran que con la reforma quedan lesionados el autogobierno de las comunidades y su autonomía financiera. De los senadores nacionalistas que han intervenido, el más airado ha sido el senador de ERC, integrado en Entesa Catalana de Progrès, Miquel Bofill, quien ha aprovechado el debate para pedir la independencia de Cataluña, así como peso específico propio en Europa para liderar la recuperación, y para instar a los catalanes a que "se salten el muro de la Constitución". "Los catalanes no cabemos como somos en el Estado español", ha exclamado.

En nombre de ICV ha intervenido Joan Saura, que ha condensado los argumentos en contra de la reforma: es "regresiva, recentralizadora y poco democrática". Según su explicación, el cambio en la Constitución no amansa a los mercados, debilita la autonomía financiera de los territorios y atenta contra la demanda ciudadana a favor de más participación política, ya que PSOE y PP niegan el referéndum.

Aunque en contra de la reforma constitucional, CiU ha preferido la abstención. Las razones que ha esgrimido su portavoz, Jordi Vilajoana, coinciden con las de los demás comparecientes: ni soluciona la inestabilidad de los mercados, pues han vuelto a encarecerse las emisiones de deuda, ni recoge las sensibilidades del texto original de la Carta Magna. PSOE y PP, a su juicio, se han limitado a pedir "una adhesión sin condiciones".

En términos similares se ha pronunciado el portavoz del PNV, Joseba Zubia, solo que los nacionalistas vascos han votado en contra. El representante del partido de Íñigo Urkullu ha criticado la reforma porque "ataca al autogobierno" de Euskadi y pone en relieve "el nulo respeto de Madrid", y sin tener en cuenta la opinión de la sociedad vasca. Sin embargo, lo que más ha censurado Zubia ha sido que "en tan solo siete días se ha pasado de una Constitución intocable a una que sí se toca", y aplicando encima "un rodillo parlamentario".

La reforma, que finalmente ha sido aprobada sin referéndum y en tiempo récord (menos de un mes desde la presentación de la propuesta), fue rechazada ayer por miles de personas, que salieron a la calle convocadas por los sindicatos para exigir a los dos partidos mayoritarios en España el derecho a decidir de los ciudadanos.