Los malos de la película

Standard & Poor´s mueve ficha y se convierte en el detonador de la semana más compleja que autoridades económicas e inversores de todas las condiciones y tamaños han vivido a uno y otro lado del Atlántico en estos tiempos de turbulencias. La interminable crisis de la deuda soberana de la zona euro amenaza con extenderse a más y mayores países y Estados Unidos acaba de tejer un débil acuerdo político para cumplir sus compromisos de pago, en medio de preocupantes indicadores que revelan un parón en la primera economía del mundo. Y ha sido este momento de extraordinaria debilidad e incertidumbre el elegido por S&P, una de las tres grandes agencias de calificación crediticia, para proclamar a los cuatro vientos que la solvencia de la economía norteamericana ya no es digna del máximo crédito.

Ahora se investiga si la noticia se filtró durante las 'conversaciones' que la institución de análisis mantuvo con la Casa Blanca, y si algunos operadores pudieron beneficiarse de información privilegiada y hacer uso de ella horas antes del anuncio oficial. Pero, a la vista de la actuación de S&P, lo que pocos dudan es de que las agencias de calificación eligen para la difusión de sus informes los momentos críticos, en los que obtienen mayor audiencia y que no todos juzgan los más oportunos.

España tiene una triste experiencia de esta práctica. Pocas horas antes de dar a conocer las necesidades de capital de la banca española, Moody´s se adelantó a informar de la rebaja de la calificación crediticia de su deuda por la desconfianza en la reconversión de las cajas de ahorros. Los efectos benéficos de ese ejercicio de transparencia fueron dinamitados.

Pero lo que ya ponen en cuestión expertos independientes no es la oportunidad, sino la función que desempeñan las agencias calificadoras a la vista de los efectos de su actuación. No se trata tan solo de su incapacidad para prevenir el futuro, evidente en situaciones como la crisis asiática de 1997 o el tantas veces mencionado 'caso Enron', el gigante energético norteamericano que mantuvo una destacada calificación crediticia hasta el mismo día de la suspensión de pagos.

Los estudiosos afirman ahora que las agencias forman parte del problema. En época de bonanza alimentan los excesos con sus pronunciamientos favorables y cuando llegan tiempos de dificultades añaden leña al fuego de la desconfianza con sus descalificaciones. La situación se agrava porque las 'notas' de las distintas compañías apenas difieren, y además suelen cambiar al mismo tiempo.

Con el viento

Navegar siempre a favor del viento que sopla es lo que los técnicos llaman un comportamiento 'procíclico'. Existen innumerables pruebas de que las calificadoras siguen esta pauta. Mario Deprés, inspector de entidades de crédito del Banco de España, les ha seguido la pista durante un periodo considerable de tiempo, y añade sus argumentos a las justificaciones que los más diversos autores han dado sobre este modo de actuar.

Las agencias de rating operan así -resume- porque, en una economía en crecimiento, siempre esperan que los indicadores sigan mejorando. Son, en esos momentos, instituciones que usan horizontes demasiado cortos para percibir los cambios, incapaces de predecir la probabilidad de que ocurran. Por eso, "las caídas en la calificación se producen cuandoya ha llegado la crisis, y no antes".Influye, y mucho, la forma en que está organizado su negocio.

Las agencias cobran del sujeto al que califican, ya sea una compañía o un Estado. Es evidente que existe un riesgo de conflicto de intereses. Durante los tiempos de vacas gordas, las agencias cultivan una buena imagen y disfrutan de alta reputación, lo que les lleva a conceder calificaciones indulgentes. Por eso reaccionan con lentitud cuando disponen de información nueva, e incluso optan por esperar una reacción del mercado.

"Sin embargo -expone Deprés- cuando se produce un vuelco en la situación económica y las condiciones financieras empeoran, se precipitan todos los deterioros antes detectados". Las agencias extreman la severidad con la idea de mantener su prestigio. Otorgar una nota a todas luces inferior a la que realmente corresponde ocasiona un efecto perverso. La empresa o la administración pública perjudicada padece las consecuencias de esa mala calificación y acaba por 'merecer' el juicio que anteriormente pudo estar poco justificado.

El riesgo se extiende

La crisis financiera y económica que todavía atravesamos muestra abundantes ejemplos de este comportamiento. La confianza en la calificación otorgada por las agencias dio credibilidad a numerosos productos financieros muy complejos, que los inversores compraron prácticamente a ciegas y sin comprender los riesgos que llevaban aparejados. En Estados Unidos, más del 90% de los préstamos de alto riesgo titulizados -vendidos a terceros- se convirtieron en valores con la calificación AAA, cuando solo eran contenedores de hipotecas 'basura' convenientemente aderezados.

Las investigaciones del Congreso norteamericano, que han vinculado los análisis errados a las altas retribuciones cobradas por sus autores, así como la quiebra de Lehman Brothers, han puesto de manifiesto esta miopía o ceguera culpable por parte de los calificadores. Cuando llegó la contracción económica, las agencias bajaron de golpe el resultado de sus evaluaciones. La caída de los rating, al extenderse a todo tipo de activos, alimentó la caída de precios y provocó el desplome de los mercados. También alimentó ventas forzadas, que retroalimentaron nuevos descensos.

Con los Estados se reproduce el mismo esquema. Las agencias de calificación son suministradoras de información, que emiten opiniones sobre la capacidad de las administraciones públicas de devolver el importe de la financiación obtenida en los mercados. La importancia de las notas resulta aún mayor porque, en plena crisis y con las arcas públicas en situación límite, estas sociedades se han convertido en "vigilantes" de la ejecución presupuestaria, de los programas de ajuste y hasta las políticas sociales que en estos complicados momentos aplican los Gobiernos.

Capaces de hundir la consideración de un país, las opiniones de las calificadoras se siguen considerando necesarias: al fin y al cabo, son los únicos elementos que valoran los mercados a la hora de proporcionar recursos, y sus variaciones determinan el precio del dinero necesario para pagar los intereses de las deudas y hasta los gastos de funcionamiento.

Pese a las abundantes críticas que las agencias cosechan, Europa no ha sido capaz de ponerse de acuerdo para regular su actividad, aunque lo ha intentado en tres ocasiones en lo que va de siglo. Bruselas querría incrementar la competencia en el sector e incluso ha sugerido la posibilidad de crear una sociedad de calificación común, de naturaleza pública. Frente a la divergencia de opinión de los países, otras opciones podrían abrirse camino: que los países en fase de rescate queden al margen de la asignación de 'notas' o que la refundada Autoridad Europea de los Mercados Financieros (ESMA, por sus siglas en inglés) controle directamente la forma en que se llevan a cabo los análisis.