El ICO financiará la mitad de la deuda de las Comunidades Autónomas con el Estado

Las dificultades de liquidez que prevén las comunidades autónomas para 2012 y las peticiones del PP de un aplazamiento en los pagos de las liquidaciones pendientes correspondientes a 2008 y 2009 marcaron al reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Gobierno se mantuvo firme ante la ostentación de poder autonómico que exhibió el PP, pero llevó a la reunión una propuesta para aliviar la asfixia que algunos territorios esperan sufrir el año que viene.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, planteó a los consejeros autonómicos de Hacienda financiar la mitad de los 4.850 millones de euros que los ejecutivos regionales deberán abonar al Estado el año próximo a través de un préstamo a tres años del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuyos fondos deberán destinar a pagar a proveedores. Las consejerías recibirán por escrito en los próximos días esta propuesta, que no fue sometida a votación.

Elena Salgado, explicó al término del cónclave que las comunidades autónomas dispondrán el año que viene de 7.900 millones de euros netos más que en 2011, de ahí que, señaló, que las dificultades de liquidez que aducen los responsables de las comunidades "no deberían de presentarse".

Pero si las hubiera, Salgado -que rechazó en todo momento la extensión del plazo de devolución que pidió el PP- puso sobre la mesa su propuesta de un crédito ICO, una solución que a su juicio es "más razonable" y "consigue los mismos efectos" que aplazamiento. Recalcó, eso sí, que las comunidades tendrán que devolver el dinero al ICO, que "evidentemente cobrará los intereses correspondientes". La propuesta, aseguró, fue "razonablemente recibida" por todas las comunidades, incluidas las del PP.

Regla de gasto

El Gobierno no tuvo éxito a la hora de convencer a las comunidades autónomas de que asumieran como propia la regla de gasto diseñada para la administración central y las entidades locales, que prevé establecer un límite máximo para los pagos en función de la evolución del PIB en un ciclo de nueve años. Las comunidades autónomas se comprometieron también, por unanimidad, a dotarse por ley de un mecanismo similar en un período de seis meses, pero no quisieron entrar en detalles. A comienzos de septiembre empezarán a reunirse los grupos autonómicos de trabajo, al objeto de que la regla autonómica sea "lo más homogénea posible".

Habrá que tener en cuenta, explicó la vicepresidenta, el crecimiento de la actividad estatal "en años anteriores y futuros" y a ese crecimiento nominal habrá que añadirle una inflación inferior al 2% que fija el Banco Central Europeo como máximo en su objetivo de estabilidad. El período a tener en cuenta para su diseño no se conocerá hasta que empiece la negociación.

Por último, la reunión sirvió para que las autonomías aprobaran, sin ningún voto en contra, el objetivo de estabilidad presupuestaria individual para 2012, 2013 y 2014, que quedó fijado en un déficit máximo del 1,3%, 1,1% y 1%, respectivamente. El CPFF también dio su visto bueno a los planes de reequilibrio presupuestario presentados por Andalucía, Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana. Quedaron pendientes los de Castilla-La Mancha y Cataluña.

La vicepresidenta destacó al final del cónclave su carácter "constructivo" y "fructífero" y agradeció el espíritu colaborador mostrado por todos los consejeros, incluidos los del PP.