El Ejecutivo no sabe cómo cobrar a las CCAA las multas de la UE

¿Cómo se puede obligar a las comunidades autónomas a pagar la factura de las multas que la Unión Europea impone a España por su culpa? La respuesta no es sencilla. El Gobierno sabe que están al caer dos sanciones multimillonarias: la que la Comisión pide por las vacaciones fiscales vascas, que puede superar los 40 millones de euros, ratificada hoy mismo por la justicia europea, y la que exige por las ayudas a la empresa Magefesa, más de 45 millones. El pago debería recaer en el País Vasco, Cantabria y Andalucía, pero antes hay que dar con la fórmula adecuada.

La comisión de subsecretarios que cada miércoles discute en la Moncloa los temas que deben ir al Consejo de Ministros estudió a fines de enero un informe de más de 300 páginas del Consejo de Estado sobre este asunto que da cuenta de la complejidad del problema. Se trata una de las ineficiencias del modelo autonómico que ningún Gobierno ha sabido resolver hasta ahora y que permiten al presidente de La Rioja, Pedro Sanz, decir que los perjuicios causados por los incentivos que concedieron las diputaciones vascas a centenares de empresas «los vamos a pagar entre todos los españoles».

El principal órgano consultivo del Ejecutivo ha tardado algo más de un año en argumentar su respuesta, desde el 23 noviembre de 2009, en que Zapatero pidió asesoramiento, hasta el pasado diciembre; sin embargo, lo tiene claro: lo «conveniente» sería, y ya lo había sugerido en dos informes previos, fijar en la Constitución los mecanismos a los que podría recurrir el Estado para hacer cumplir a las comunidades las obligaciones del derecho comunitario, incluida la posibilidad de suplir a estas en materias de su competencia; y hacer que la Carta Magna remita a una ley estatal que determine en qué casos y cómo se puede repercutir en las autonomías las consecuencias de un incumplimiento.

La reforma constitucional no parece estar, aun así, en los planes del Gobierno. Y menos visto lo incontrolable del debate. En la legislatura pasada, Zapatero pretendió retocar el texto para corregir la primacía del varón en el orden sucesorio a la Corona; introducir los nombres de las comunidades autónomas y convertir del Senado en auténtica cámara territorial, pero tuvo que renunciar, entre otras cosas, porque el ambiente de inestabilidad institucional surgido al calor de las reformas estatutarias lo aconsejaba.

Legislación estatal

El Consejo de Estado señala, en todo caso, que la citada reforma tampoco es «imprescindible» para el objetivo que se persigue, es decir, para evitar que paguen justos por pecadores. Aunque en el resto de los países descentralizados de la Unión Europea -Alemania, Austria, Bélgica e Italia- sí que optaron por la vía constitucional, España tiene la opción, «altamente recomendable», según el órgano consultivo, de aprobar una ley estatal ordinaria y establecer un «sistema general de repercusión de responsabilidades».

De esa norma, sin embargo, deberían quedar excluidos, a su juicio, los casos derivados de la gestión de Fondos Europeos, que deberían tener regulación propia, y los que tengan que ver con el incumplimiento del pacto de estabilidad, es decir, los que se produzcan por incurrir en un déficit excesivo. Ahora bien, todo lo demás -mercado interior, protección a los consumidores, empleo y asuntos sociales, ayudas públicas declaradas incompatibles con el derecho de la UE, impuestos y aduanas, medio ambiente- debería estar contemplado de manera genérica en esa ley.

Está por ver que Zapatero y su Gobierno encuentren el ánimo suficiente como para lanzarse a esa tarea. Hasta ahora, se ha conformado, como los ejecutivos anteriores, con poner parches en forma de disposición adicional en distintas leyes, por ejemplo, en la transposición de la directiva de servicios, también llamada 'ley ómnibus', que pretender eliminar trabas burocráticas y liberalizar el sector.

El mejor intento hecho hasta ahora, para el Consejo de Estado, está en la aún fresca Ley de Economía Sostenible (LES), en concreto, en la disposición adicional primera, pero es probable, según admiten fuentes gubernamentales, que tampoco sirva para repercutir a las comunidades las sanciones impuestas por Bruselas. «Al menos -señala un alto cargo del Ejecutivo- tal cual está».

Avance significativo

El órgano asesor del Ejecutivo admite que la LES supone un «avance significativo» porque al menos tiene vocación de ser aplicable a cualquier incumplimiento del derecho comunitario, o sea, que acaba con la «proliferación de cláusulas parciales». Pero avisa de que no ofrece suficientes garantías de defensa a las comunidades ni concreta cómo se deben compensar las deudas una vez distribuidas las responsabilidades.

En palabras del citado alto cargo gubernamental, que las cosas no se pueden hacer «a las bravas». Y, si se hicieran, con semejante informe del Consejo de Estado, las autonomías que quisieran recurrir al Constitucional tendrían, seguramente, todas las de ganar.