Justicia quiere otorgar la investigación penal a la Fiscalía

El Gobierno ultima un borrador para la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgará la investigación penal de los delitos, ejercida por los jueces de instrucción, a los fiscales. La norma, que está en la fase final de redacción, aunque es casi imposible que pueda aprobarse esta legislatura, pretende cambiar un modelo de proceso penal decimonónico. Indica que los miembros del Ministerio Público son quienes dirigirán a la Policía y ordenarán las diligencias necesarias para recabar las pruebas que permitan sentar en el banquillo al presunto autor de un delito.

El cambio de sistema no significa la desaparición de los jueces, más bien al contrario. Un magistrado garantizaría el respeto a los derechos del investigado durante toda la instrucción, otro examinaría las pruebas para saber si hay indicios suficientes antes de dictar la apertura de un proceso, y un juez o tribunal distinto celebraría el juicio.

La reforma de esta ley, una tarea pendiente de todos los gobiernos de la democracia, dado que la norma data de 1882, no solo afecta a la estructura del proceso penal sino que también adapta a la sucesiva jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional los mecanismos de obtención de pruebas –escuchas, tomas de muestras, registros, etc–, los papeles de las acusaciones, las defensas y las víctimas del delito en el proceso, la ordenación de la vista oral y de los recursos, las garantías de los detenidos, o medidas cautelares como la prisión preventiva.

El documento que ultima el ministerio introduce, según fuentes de Justicia, otras novedades llamativas como la desaparición de la figura del imputado y su sustitución por la del investigado, la imposibilidad de que una acusación popular pueda sentar a alguien en el banquillo si no le acusan los perjudicados directos o la Fiscalía, o modificaciones para evitar que la prensa pueda acceder a los secretos de sumario.

Plazos posibles

No obstante, es muy posible que el borrador, como ya ocurrió con otros en el pasado, termine en un cajón por haberse agotado la actual legislatura –con fecha límite en marzo de 2012– sin tiempo de ser aprobado por el Congreso y el Senado, y a la espera de que un próximo gobierno lo utilice como base para una futura modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal o lo deseche.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no quiso ayer cerrar la puerta y, aunque admitió las dificultades para lograr la aprobación de las Cortes, indicó que intentará llegar a tiempo. El borrador, en el que «aún quedan bastantes cosas por perfilar» según Caamaño, no tiene fecha para que el Consejo de Ministros lo apruebe como anteproyecto de ley y es posible que no ocurra este mes. Después, deberá ser remitido al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Consejo de Estado para que realicen alegaciones y volverá al ministerio para que las estudie y redacte un proyecto de ley definitivo que sea aprobado por el Gobierno y remitido al Congreso, cosa que es difícil que pase antes del otoño. Con este calendario, el Parlamento no tendría tiempo para tramitar una ley tan compleja y sobre la que es difícil que exista consenso inicial. Caamaño añadió que no tratará de aprobarla de forma acelerada si no cuenta al menos con el apoyo del PP, el otro partido de gobierno.

Los partidos políticos y las asociaciones judiciales consultadas creen que Caamaño ha pecado de optimismo al ver todavía alguna posibilidad de sacar adelante su reforma legal. Las Cortes estarán operativas como mucho hasta finales de diciembre si no hay anticipo electoral. El PP, sin entrar en más detalles, ya advirtió ayer al ministro, por boca de su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, de que no respaldará que los fiscales se hagan cargo de la instrucción penal salvo que de forma previa cambie la naturaleza del Ministerio Público, de estructura jerarquizada y a cuyo jefe designa el Gobierno. Cree que esta estructura «no es la mejor fórmula para garantizar la independencia de las investigaciones».

La misma exigencia previa para bendecir el pretendido cambio en la competencia sobre la dirección de la instrucción penal se la impusieron las principales asociaciones de jueces. De hecho, ni el propio partido socialista cuenta con poder aprobar la reforma del proceso penal en esta legislatura. El grupo parlamentario no ha incluido esta ley en la lista de treinta normas cuya tramitación tratará de acelerar para aprobarlas antes de fin de año.