El canon de la discordia

La polémica suscitada por el supuesto desvío de fondos de la SGAE, fundamentalmente a través de la filial SDAE (la sociedad encargada de Internet y las nuevas tecnologías), ha reavivado la polémica sobre el cobro del canon digital.

El canon fue creado en 1987 para compensar de forma económica a los autores por las copias que se hacían de sus trabajos en el ámbito privado. En 2003 y 2007 la tasa se amplió a otros soportes y medios de reproducción: CD’s, DVD’s, mp3, móviles con reproductor de audio… Fue a partir de este momento cuando desde diversos frentes, principalmente desde las asociaciones de consumidores, el canon digital fue criticado y rechazado por su presunto carácter recaudatorio. Es una de las principales fuentes de financiación de la SGAE. Finalmente el Tribunal de Justicia de la UE declaró en 2010 la ilegalidad en la aplicación del canon digital a empresas y profesionales.

Ayer, la socialista Elena Valenciano aseguró que el Gobierno «lleva meses trabajando en una fórmula que permita equilibrar la protección a los autores y los derechos de los internautas», aunque remarcó que no le consta que la solución sea su supresión como se apunta desde el diario ‘La Vanguardia’. El rotativo publicó el lunes que el Ejecutivo estaría dispuesto a anularlo y que sería anunciado por la ministra de Cultura, González-Sinde, en el próximo pleno del Congreso del día 12 de julio.

Supresión del canon digital

Soraya Sáenz de Santamaría anunció ayer en el Congreso que el PP presentará el próximo martes en el Congreso una Proposición no de Ley para la supresión del canon digital y su sustitución por otras fórmulas compensatorias menos arbitrarias e indiscriminadas. La portavoz del Grupo Popular indicó que esta iniciativa pone de manifiesto que el Gobierno está incumpliendo desde hace un mes la obligación legal marcada por la Ley de Economía Sostenible, puesto que el Ejecutivo se avino a incluir en dicha ley una redacción en la que se señalaba que, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, tenía que procederse a la revisión del canon, plazo que concluyó el pasado día 6 de junio.

Desde ICV también se instó al Gobierno a hacer pública su propuesta de reformulación de los derechos de autor. «La creación cultural no puede entrar en contraposición con los derechos ciudadanos y de acceso a la cultura», recordó el senador Jordi Guillot.El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, pidió la existencia de «un control del Gobierno sobre cómo se recauda y distribuye el dinero» procedente del canon «pues hay una presunción de uso indebido del dinero por una de las principales entidades de gestión».

Por último, la Asociación de Usuarios de la Comunicación considera «insostenible» la existencia de este tipo de tasas y abogó por un modelo en el que sean las empresas de telecomunicaciones y las TICs las que paguen a los autores la compensación por copia privada.