Timoshenko obliga a retrasar su juicio hasta el miércoles

El tribunal que juzga a la ex primera ministra ucraniana Yulia Timoshenko ha levantado la sesión hasta el próximo miércoles después de que la líder opositora contratara a un nuevo abogado y, una vez más, se negara a ponerse en pie en presencia del juez.

Timoshenko, que podría ser condenada hasta a diez años de cárcel si es declarada culpable de abuso de poder, afirma que éste es "un juicio simulado" que han organizado por los partidarios del presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, con el objetivo de librarse de su principal rival política.

Fiel a su estilo combativo, Timoshenko ha intentado dar lecciones de Derecho Penal al juez Rodion Kireyev, se ha negado a levantarse del banquillo al dirigirse a él y ha afirmado que el juicio es una farsa. La ex primera ministra ha pedido al tribunal que dé un mes a su nuevo abogado para que estudie el caso, pero solo ha conseguido dos días.

"Eso significa que mañana tendrá que leerse más de 4.000 páginas", ha protestado Timoshenko en la sala. "¿Esto es justicia? No, no es justicia", ha añadido.

Abuso de poder

La acusación asegura que Timoshenko, que fue jefa del Ejecutivo en dos ocasiones, abusó de su poder al firmar en 2009 un contrato con Rusia para la importación de gas que puso fin a una disputa por los precios que llegó a interrumpir temporalmente el suministro de gas ruso a Europa Occidental vía Ucrania.

Según la acusación, Timoshenko no consultó este tema con su Gobierno y obligó al entonces director de la empresa pública Naftogaz a firmar el acuerdo con la rusa Gazprom. Ella lo niega. El Gobierno actual, que se formó cuando Timoshenko perdió las elecciones presidenciales frente a Yanukovich en 2010, mantiene que el acuerdo supuso una traición a los intereses nacionales, aunque cumple sus condiciones.

Otros dos casos abiertos

En otros casos distintos, Timoshenko está acusada, por un lado, de haber hecho un uso inadecuado de fondos gubernamentales recibidos a cambio de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero vendidas a Japón según el mecanismo previsto por el Protocolo de Kioto; y por otro, de haber cometido irregularidades en la compra, por parte del Gobierno, de vehículos de rescate para emergencias.