Los 'indignados' de Elche paralizan el desahucio a unos jubilados

Un juzgado de Elche ha paralizado momentáneamente la orden de desahucio de un matrimonio de ancianos pensionistas de la localidad, al que ha dado una prórroga de 30 días para que pueda abandonar su inmueble. Momentos antes de la hora a la que estaba prevista la intervención judicial del domicilio y a lo largo de su desarrollo, unos doscientos integrantes del movimiento 15-M de Elche se han dado cita en el acceso a la vivienda para impedir el desalojo.

Además, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, surgida del citado movimiento, interpuso ayer una "querella criminal" contra la entidad bancaria que había dictado la orden de desahucio contra el matrimonio, por haber avalado a su yerno con su piso, el cual mantenía una deuda con el banco.

Según ha explicado a los periodistas el abogado del colectivo demandante, en representación de la pareja, Antonio Palazón, la juez de primera instancia del juzgado número 5 de Elche "ha tenido a bien darnos un plazo de 30 días". "Va a suspender hoy la orden de desahucio momentáneamente", ha anunciado.

Palazón ha detallado que la magistrada ha optado por esa suspensión al considerar que puede "existir duda sobre" la comisión de un "presunto delito de apropiación indebida" y, además, por haber atendido a "la prejudicialidad penal y a los motivos sociales" para que los inquilinos "puedan retirar sus pertenencias" del inmueble.

Ejecución de la hipoteca

Por otra parte, el letrado ha manifestado que la plataforma a la que representa ha planteado varias líneas legales, una de ellas fundamentada en un auto que cuestiona la constitucionalidad del procedimiento de ejecución de la hipoteca que actualmente tienen.

"La resolución de la juez establece una prórroga mediante el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento y, por otro lado, se ha presentado una querella criminal por un presunto delito de apropiación indebida contra la entidad bancaria", ha dicho Palazón. Así, ha señalado que desde la plataforma están pendientes de hablar con el banco ejecutor para "esclarecer el tema" y llegar a alguna "solución".

El letrado ha denunciado que la entidad financiera se está adjudicando el inmueble del matrimonio por 30.000 euros, cuando en su día, para otorgar a la pareja una hipoteca de 60.000 euros, tasó la vivienda en 115.000 euros.

El matrimonio lo forman dos personas mayores con un grado de invalidez del 65 por ciento, en el caso del hombre, y del 57, en el de la mujer. El marido recibe una pensión mensual de 360 euros que constituye el único ingreso de la pareja. En declaraciones a los periodistas, la mujer ha afirmado que no ha "recogido nada de su casa porque no" se piensa "mover" de allí. "Desde la plaza -en alusión a los integrantes del 15-M- nos apoyan, y tengo la seguridad de que no me voy a ir de mi casa", ha subrayado.