La base de ADN no incluirá los realizados por asociaciones

La base de datos que va poner en marcha el Ministerio de Justicia con los ADN de los afectados por la causa de los 'niños robados' no incluirá los resultados genéticos ya realizados por las asociaciones en laboratorios privados.

Así lo ha afirmado el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Juan Luis Valverde, durante la presentación del protocolo que aplicarán las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos para atender a los afectados por los robos de bebés y el relativo a la realización de las pruebas de ADN para los familiares.

Estas oficinas ofrecerán orientación e información "clave" a las víctimas acerca del proceso judicial y de la posibilidad de realizar las pruebas genéticas de ADN, además de prestar ayuda psicológica, según ha explicado la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández, en el acto.

En cuanto al protocolo a seguir con las pruebas de ADN de forma gratuita, Hernández ha explicado que serán realizadas a través del Instituto Nacional de Toxicología y siempre en el marco de un proceso judicial o de una investigación criminal abiertos.

El director del Instituto ha explicado que la toma de muestras de ADN "debe ser exquisita" para posteriormente hacer un análisis genético a través de una maquinaria que debe ser usada con "los criterios científicos adoptados internacionalmente".

"Para llevarlo a cabo se ha de mantener un orden estricto (...), y tenemos que mantener el criterio científico adecuado", ha señalado Valverde, quien por ello ha dicho que las pruebas genéticas que no se hayan realizado bajo este protocolo no serán incluidas en la base de datos que Justicia ha creado con el fin de propiciar los encuentros familiares.

Malestar entre las víctimas

Algunas víctimas de este caso que han acudido al acto como público, en el Instituto Nacional de Toxicología, han lamentado ante los medios de comunicación este hecho. Así, la presidenta SOS Bebés Robados de Madrid, Soledad Monzón, ha señalado que el laboratorio privado en el que ella ya ha depositado su ADN es "muy profesional", por lo que ha dicho no entender por qué Justicia no lo va tener en cuenta.

Mabel, miembro de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), ha puesto su caso como ejemplo, ya que la única prueba que ha podido aportar al fiscal para poder comenzar la causa han sido unas pruebas de ADN que ha tenido que costear ella misma.

Ambos protocolos se aplicarán en aquellas comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, es decir: Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Baleares, y Extremadura, además de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla. Justicia propondrá al resto de comunidades que también los apliquen en el ámbito de sus competencias.

Por su parte, el coordinador del Ministerio de Justicia para el caso de los "niños robados", Ángel Núñez, que también ha intervenido en el acto, ha subrayado que el problema del "trato desigual" con el que se han encontrado las víctimas en los diferentes hospitales públicos para recabar información sobre los casos "se ha despejado en buena medida.