AENA despide a un controlador de Santiago y traslada de manera forzosa a otros dos por el caos aéreo de 2010

Seis meses después del plante de los controladores que colapsó el espacio aéreo durante el puente de la Constitución de 2010, AENA ha tomado las primeras medidas disciplinarias con el despido de un controlador del centro de Santiago de Compostela y el traslado forzoso de otros dos, a Valencia y Almería, tras resolverse a su favor los expedientes abiertos a dichos trabajadores por faltas muy graves cometidas en los últimos días de noviembre de 2010, según han confirmado fuentes de AENA a este periódico.

Los controladores aéreos del centro de Santiago iniciaron las primeras bajas masivas el pasado 27 de noviembre, cuando abandonaron de forma paulatina su puesto de trabajo tras alegar que parte de la plantilla había superado las 1.670 horas anuales. Las bajas, que fueron extendiéndose a los centros de Vigo y La Coruña, llegaron a provocar el cierre total del espacio aéreo gallego. El pulso por el cómputo de horas desembocó en la respuesta del Gobierno central, que aprobó el viernes 3 de diciembre, día de inicio del puente de la Constitución, un real decreto por el que se fijaba el máximo de horas aeronáuticas en 1.670, de las que se excluían tanto las imaginarias, como las licencias por paternidad o los permisos sindicales.

Esa misma tarde, los controladores de centros de toda España abandonaron sus puestos de trabajo alegando no encontrarse en las condiciones psicofísicas adecuadas, lo que provocó el cierre del espacio aéreo de los aeropuertos de Barajas, Baleares, Canarias y Galicia, la declaración del estado de alarma y la militarización de los controladores.

En el caso del centro de Santiago de Compostela, AENA abrió 29 expedientes a 17 controladores por faltas graves cometidas entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. De la resolución de dichos expedientes se ha procedido al despido de dicho controlador y los dos traslados forzosos. De igual manera, cuatro de los expedientes se han remitido a la Fiscalía al entender que apuntan a hechos de mayor gravedad, mientras que el resto han sido resueltos a través de sanciones de empleo y sueldo, que han variado en función de los casos desde los 5 hasta los 86 días de suspensión.