El Defensor del Pueblo cree que una circular de Interior sobre inmigrantes puede provocar «detenciones masivas»

El informe anual del Defensor del Pueblo alerta de que la "ambigüedad" de una circular de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil puede dar lugar a que se practiquen "detenciones masivas" de inmigrantes. En concreto, se refiere a la Circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en la que se pide a los agentes que agilicen los trámites para iniciar el procedimiento sancionador a personas en situación irregular en España.

"A juicio de esta Institución, se mezclan aquí varios conceptos en un cierto desorden, lo que provoca cierta ambigüedad y podría favorecer la práctica de detenciones masivas", dice el informe, en el que se recuerda que el traslado a comisaría "solo puede producirse por falta de la documentación que acredite su identidad y no de la que acredite la legalidad de la estancia". "En este punto, la redacción de la circular es ambigua, pues podría interpretarse que cabe el traslado a comisaría aun cuando el ciudadano estuviese identificado, y esto no es conforme a Derecho", advierte.

El Defensor de Pueblo argumenta que el traslado a comisaría "solo puede producirse en caso de delito" y añade que "al no decirse expresamente en la circular, podría interpretarse como una vía libre a detenciones preventivas sin fundamento". "Esta Institución considera que la manera en que determinadas expresiones de la Circular 1/2010 están redactadas suscita serias dudas interpretativas que podrían conducir de hecho a una restricción indebida de los derechos de los inmigrantes", insiste.

Controles en la vía pública

El informe hace estas valoraciones a partir de las quejas recibidas de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España, el colectivo por la Paz y la Solidaridad y un amplio colectivo de 140 asociaciones, sindicatos y otras entidades. Estos colectivos también han manifestado su malestar por el establecimiento de controles de identificación de manera rutinaria en lugares públicos, "con el exclusivo fin de localizar a ciudadanos extranjeros que estén en situación irregular en España".

Entienden que se trata de una actuación policial que "carece de la necesaria cobertura legal" y se muestran preocupados por la posibilidad de que se estuviesen realizando requerimientos de identificación "sin otra base que los rasgos étnicos u otros signos externos distintivos de nacionalidad".

A este respecto, el informe del Defensor de Pueblo recoge las explicaciones de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, que niega tales motivaciones y señala que "la actividad preventiva policial se elabora, planifica y ejecuta en función de las necesidades que se van planteando y previo análisis de inteligencia e información".

El Defensor del Pueblo se hace eco de "numerosas quejas" de ciudadanos testigos de controles de identificación en la vía pública, "sin otro criterio que los rasgos étnicos" y por ello advierte de que la Institución "sigue realizando actuaciones en esta materia y mantendrá una actitud vigilante para valorar cada uno de los casos en los que pudieran restringirse injustificadamente los derechos de los ciudadanos extranjeros".