El juez pide a Fomento que identifique a los controladores que causaron el caos aéreo

Un juzgado de instrucción de Madrid ha enviado un oficio al Ministerio de Fomento para que identifique a los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo "ilegalmente" durante los pasados 3 y 4 de diciembre, en una "huelga salvaje" que provocó el cierre del espacio aéreo español durante 18 horas y dejó miles de afectados en los aeropuertos. La petición llega después de que la magistrada María del Sagrario Herrero abriera una causa para investigar la posible existencia de un delito de sedición, previsto en la Ley de Navegación Aérea y que está penado con hasta ocho años de prisión.

La jueza quiere conocer las identidades de los controladores que abandonaron su servicio durante el comienzo del puente de la Constitución. Sólo en Madrid, la Fiscalía Provincial ha remitido al juzgado una denuncia colectiva contra 175 huelguistas. Una cifra, no obstante, corta, ya que el Ministerio de Fomento abrió en su momento 442 expedientes disciplinarios en toda España, lo que da buena muestra del número de controladores que podrían estar implicados en el paro.

El Ministerio Público ya ha anunciado que intervendrán en las diligencias abiertas por el juez "con todas las consecuencias" y lo primero será pedir que llamen a declarar como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante las diferentes Fiscalías Provinciales. El órgano acusador quiere saber cómo se coordinaron los empleados de AENA las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas que alegaron para no trabajar.

Afectados

De la misma forma, la magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Madrid ha pedido a Fomento que certifique otros datos referidos a la huelga salvaje que provocó la proclamación del estado de alarma por parte del Gobierno. En concreto, la hora del cierre del espacio aéreo español y la apertura del mismo, el número de vuelos cancelados y el número de pasajeros afectados por la medida.

La causa abierta por la magistrada María del Sagrario Herrero no sólo acumula las denuncias presentadas por la Fiscalía de Madrid, sino también diferentes demandas penales presentadas por bufetes de abogados, asociaciones de empresarios y consumidores y particulares que sufrieron en primera persona las consecuencias del paro aéreo. La razón de que un solo juzgado instruye todas las denuncias responde a que en ellas se pide la responsabilidad penal de los controladores en la huelga salvaje.

Organizaciones de consumidores, como OCU y FACUA, han interpuesto una demanda contra los controladores por los perjuicios económicos causados por el abandono de su puesto de trabajo. También un bufete de abogados de Madrid que reúne a más de 5.000 afectados ha acudido a la vía penal y a la jurisdicción civil, en donde reclaman una indemnización de 10.000 euros por cliente. Por último, el pseudosindicato Manos Limpias ha presentado una querella contra los controladores por el paro encubierto.

El delito de sedición, contemplado en el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, establece penas para los empleados de aeropuertos "que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia". El Código Penal, en su artículo 545, fija que se impondrán penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo a aquellos que hubieren inducido o dirigido la sedición. Una búsqueda que ahora ha emprendido la jueza de Madrid.