Las Fiscalías Provinciales recurrirán los casos de bebés robados entre los años 50 y 90 que archive el juez

Las Fiscalías Provinciales plantarán batalla en los juzgados para que las denuncias por el supuesto robo de bebés, acaecidas en hospitales públicos y privados de toda la España entre los años 50 y 90, lleguen hasta las últimas consecuencias penales. La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, órgano encargado de coordinar la acción del Ministerio Público en este asunto, ha dado la orden para que los fiscales recurran el archivo de aquellas causas que lleguen a los juzgados y que el juez considere que no procede tramitar porque los delitos investigados han prescrito.

La Fiscalía de Cádiz ha sido la primera en aplicar a rajatabla esta orden después de sufrir el primer revés judicial. En concreto, por el caso de la desaparición de un bebé en el Hospital Zamacola de Cádiz, en febrero de 1979, que el juez Sergio Escalona, titular del juzgado de instrucción número 2 de la ciudad, decidió el "sobreseimiento libre y archivo de la causa" al considerar que los indicios de delito denunciados habían caducado. Ello, sin ni siquiera investigar el asunto.

En esta denuncia de Francisca Pinto, una mujer de Arcos de la Frontera a la que dijeron que su bebé había fallecido un día después de dar a luz, el juez decretó el archivo porque consideraba que hay aplicar el Código Penal de 1995 y que el delito prescribe una vez que el menor desaparecido llega a la mayoría de edad.

Es más, el magistrado considera a los supuestos autores de la desaparición como un particular que actúa de forma independiente y no como un grupo organizado. De la misma forma, rechaza la posibilidad de que el delito investigado sea secuestro ilegal de menores, una figura cuya responsabilidad penal se mantiene indefinidamente y no prescribe como otros delitos investigados en estos casos: falsedad documental, usurpación del estado civil o suposición de parto.

Acusación

El recurso de la Fiscalía de Cádiz ante la Audiencia Provincial rebate precisamente los aspectos jurídicos que defiende el juez. La fiscal jefe de la provincia, Ángeles Ayuso, una de las primeras en investigar los casos de bebés robados en toda España, considera que el plazo de responsabilidad penal que el juez limita a la mayoría de edad del afectado es más amplio. Considera que los posibles autores que aún viven son funcionarios -personal sanitario público- cuyas penas de inhabilitación son más largas.

Otro debate de fondo es considerar si el secuestro ilegal de los bebés, un fenómeno sistemático en los hospitales españoles durante 40 largos años, se puede considerar o no un crimen contra la humanidad. Por lo tanto, una figura delictiva que no prescribe, como defienden muchos juristas, la Asociación Nacional de Adopciones Irregulares (Anadir) o la 'plataforma de niños robados' en el franquismo.

Precisamente, este argumento jurídico fue usado por el juez Baltasar Garzón para investigar las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo. Una causa de la que acabó inhibiéndose a los juzgados territoriales al no hallar a los autores vivos de estos hechos, la cúpula del régimen franquista, y que con el tiempo le costaría una querella por prevaricación que el Tribunal Supremo admitió y que está a la espera de juicio.

En la Fiscalía de Cádiz consideran que en los casos de robos de bebés nos podríamos hallar ante supuestos delitos de detención ilegal de los niños, hoy con 30 y 40 años, cuya responsabilidad penal no habría caducado para los supuestos autores de estas sustracciones. No obstante, otras fuentes policiales y judiciales consideran que la "efectividad jurídica" de estas denuncias es mínima y predicen que su recorrido judicial será corto.