El fiscal investiga un fraude en las ayudas de la UE al empleo

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado este viernes que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se encuentra investigando "un fraude" en la concesión de "subvenciones" por parte de la Unión Europea (UE) al empleo en la región andaluza.

Durante su intervención en Sevilla en un desayuno informativo de la tribuna 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Conde-Pumpido ha puesto de manifiesto que "la Fiscalía está investigando un fraude en las subvenciones", e incluso él mismo, como fiscal general del Estado, "ha ampliado el periodo de investigación".

Según ha precisado posteriormente en declaraciones a los medios, el engaño se habría producido en siete de las ocho provincias andaluzas; la investigación está a punto de concluir y ser enviada a los juzgados correspondientes. El responsable del Ministerio Público ha precisado que el fraude consistiría en que las empresas recibían un dinero por la creación de puestos de trabajo que luego no se mantenían, por lo que hubo un "mal uso" a las ayudas. El presunto fraude fue llevado a cabo por empresas particulares de las ocho provincias andaluzas excepto Huelva y ha sido investigado por la Guardia Civil y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

A punto de llegar al juez

Preguntado si la investigación se refiere también a la presunta negligencia de la Junta en el control de los fondos, el fiscal general ha dicho que la Fiscalía "no quiere hacer ningún pronunciamiento previo" pero ha confirmado que se trataba de fondos europeos canalizados a través de las autoridades andaluzas. Además de las empresas investigadas, "si hay otras responsabilidades, se derivarán de la investigación judicial", ha dicho. Ha añadido que la investigación fue prorrogada después de un primer plazo de seis meses pero se encuentra casi concluida y en breve se va a enviar a los órganos judiciales correspondientes.

Según ha adelantado el diario ABC, el caso alcanzaría a "cientos de empresas, que podrían superar el millar", aunque no todas actuaron de forma fraudulenta, y el montante de lo cobrado indebidamente se desconoce.