Las cajas asumen las nuevas exigencias aunque no satisfacen todas sus aspiraciones

Las duras exigencias de solvencia que han de cumplir bancos y cajas el próximo 10 de marzo –con datos de 31 de diciembre pasado- están aquí para quedarse. Las intensas negociaciones llevadas a cabo en las últimas semanas entre la organización de las cajas de ahorro y el Ministerio se han traducido en una flexibilización de los plazos.

Con permiso del Banco de España, "el otoño" que se fijó inicialmente en el 30 de septiembre como fecha límite para la capitalización podrá prolongarse hasta finales de año, y en las salidas a Bolsa abarcará el primer trimestre de 2012. También se admiten 'transitoriamente', las obligaciones convertibles para cumplir los requerimientos de capital exigidos y –otro elemento novedoso- se abre una vía de escape más rápida para las cajas 'temporalmente' nacionalizadas.

Las ayudas que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) preste a partir de ahora a las cajas para su recapitalización exigirán el traspaso de todos los activos y pasivos financieros a un banco. Convertidas en acciones desde el primer día, se podrán recomprar durante el primer año, o excepcionalmente en dos, si la entidad encuentra el inversor adecuado. Cumplidos cinco años, el FROB se desprenderá de esta participación mediante subasta.

Las cajas reconocen que no han visto satisfechas todas sus aspiraciones –llegaron a proponer que no se delimitara el periodo de salida a Bolsa y el cómputo de las provisiones como capital básico- pero han decidido no presentar más resistencia. Un comunicado de la Confederación afirma que "comprenden y comparten el interés del Gobierno por conseguir una mayor transparencia hacia los mercados". Pese a que se les exige "un esfuerzo sin parangón respecto a otras entidades financieras europeas", se muestran dispuestas a favorecer la canalización del crédito hacia la economía real.

La vicepresidenta económica Elena Salgado resaltó, al término del Consejo de Ministros que aprobó el real decreto, que las medidas persiguen el restablecimiento de la financiación a las empresas y las familias, y la pervivencia de la obra social de las cajas de ahorro. Justificó que, superados los recelos de los mercados por la reducción del déficit y la puesta en marcha de las reformas estructurales, había que despejar las dudas surgidas sobre algunas entidades del sistema financiero español. Rechazó que los nuevos criterios supongan discriminación, con el argumento de que el Banco de España va a aplicar baremos objetivos.

Elena Salgado dejó claro que los nuevos requerimientos son irreversibles –no habrá marcha atrás cuando mejore la economía- y añadió que el Gobierno dispone del apoyo suficiente para sacarlo adelante en el Parlamento como real decreto. En otras palabras, que no se quiere dar opción a que alguna enmienda introduzca modificaciones sustanciales durante la tramitación. Tampoco cree el Ejecutivo que vayan a darse fricciones con las fuerzas nacionalistas o las autonomías. Si un gobierno regional conoce los problemas que se le pueden presentar a una caja, difícilmente se opondrá a las fórmulas que pueden darle solución, razonó Salgado.

Detalles del plan

Primera criba: Las entidades de crédito tienen de plazo hasta el 4 de marzo para presentar el detalle de su capitalización a 31 de diciembre de 2010. A los bancos cotizados les bastará con el 8% de capital básico sobre activos ponderados por riesgo, cuando la media del sistema está ahora mismo en el 8,5%. Pero a las cajas de ahorro que capten el 20% o más de su financiación en el mercado mayorista y no tengan al menos un 20% en manos de terceros –algo que sí ocurre en muchas cooperativas de crédito- se les exigirá el 10%. El 10 de marzo, el Banco de España comunicará a las entidades su situación y las necesidades de capitalización, en su caso.

Plazos más largos: Las entidades que no cumplan las exigencias, dispondrán de 15 días hábiles para presentar al Banco de España su estrategia y calendario. Si optan por pedir ayudas públicas, en 30 días propondrán su plan de recapitalización. Aunque las medidas deben estar ejecutadas el 30 de septiembre, el instituto emisor podrá autorizar justificadamente el aplazamiento hasta final de año, y en los casos de Oferta Pública de Venta el periodo se extenderá durante el primer trimestre de 2012. Se exigirán compromisos tales como la aprobación de la salida a Bolsa por parte de la Junta, la estructuración de la OPV y hasta la designación de colocadores.

Ayudas públicas: Un banco o caja que renuncie a acudir al mercado en busca de capital podrá pedir ayuda al ‘nuevo’ Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) desde el primer momento, siempre que asuma un plan de reducción de costes, mejore su gobierno corporativo y asuma objetivos de mantenimiento del crédito. Si es una caja, estará obligada a traspasar en tres meses toda su actividad financiera a un banco. El FROB le comprará acciones por un importe equivalente a un valor de mercado que determinarán expertos independientes. Aunque la obligación del Estado de ‘reprivatizar’ la institución mediante subasta se establece en un plazo máximo 5 años, existirá la posibilidad de vender a un inversor en el primer año con carácter general, y de manera excepcional –con plan de reestructuración añadido- en el segundo año.

El nuevo FROB: El Ministerio de Economía gana peso, aunque la presidencia la seguirá ocupando el subgobernador del Banco de España, actualmente Javier Aríztegui. A las cuatro personas que representan el instituto emisor y los tres partícipes por los Fondos de Garantía, se sumarán los dos secretarios de Estado de Economía, José Manuel Campa y de Hacienda, Carlos Ocaña.