La Audiencia Nacional juzga a las hermanas Blanca Rosa y María Isabel Bruño Azpiroz, a las que la Fiscalía acusa de haber pagado a ETA 6.000 euros después de que la banda les reclamara en 2003 el llamado "impuesto revolucionario"./ Foto: Efe | Vídeo: Atlas
Las hermanas Blanca Rosa y María Isabel Bruño Azpiroz, acusadas de pagar a ETA 6.000 euros tras recibir sendas cartas de extorsión en 2003 y 2006, han negado hoy ese pago y se han definido como víctimas de la banda desde hace 30 años, cuando su padre recibió una primera carta de extorsión en "el 80", y ahora "víctimas de la Justicia" por culpa de este procedimiento. Así lo han expuesto las dos hermanas, con puestos de responsabilidad en la empresa familiar Andrés Bruño e Hijos, en el juicio que se ha celebrado hoy en la Audiencia Nacional y en el que el fiscal ha mantenido su petición de 5 años de cárcel por colaboración con ETA y multa de 27.000 euros para cada una.
En su turno de última palabra, las dos hermanas han calificado de "humillante que se nos acuse de colaboradoras cuando lo que somos es víctimas de ETA. Víctimas de la extorsión de ETA y ahora de la Justicia", han lamentado.
A pesar de haber negado el pago a ETA, el fiscal Vicente González Mota ha sostenido que "la prueba documental y pericial permite asegurar que sí se efectuó el pago" de forma "voluntaria" y se ha basado en una carta de agradecimiento de la banda dirigida a las hermanas en 2008 y que fue intervenida a la organización terrorista tras la detención del dirigente etarra Francisco Javier López Peña, 'Thierry'. "Efectuar ese pago sin alertar a las autoridades como aportación a los fines de ETA esperamos que la Sala diga que es delito", ha subrayado el fiscal, que no obstante ha admitido que no se ha podido comprobar "de dónde salieron esos 6.000 euros".
González Mota ha defendido además la acusación de la Fiscalía en este caso porque se trata así de "evitar que nadie tenga miedo de mirar debajo del coche y encontrar una bomba pagada con fondos que han llegado a ETA".
Entre lágrimas
Durante el juicio, las dos acusadas, cuya defensa ha pedido su absolución, relataron "la angustia y el miedo" que padecieron cuando su padre, que fue alcalde del PNV en Usurbil (Guipúzcoa), recibió la primera carta de extorsión de ETA "en el 80" y decidió denunciarlo públicamente.
Esa experiencia les llevó a "no hacer nada", "ni a denunciar, ni a pagar" cuando recibieron otras dos cartas en 2003 y 2006 en las que ETA les reclamaba el pago de 120.000 euros, lo que les hizo "recordar toda la angustia y todo el miedo de la otra vez". "No hemos pagado nada", insistieron a preguntas del fiscal tras rechazar haber recibido una carta de agradecimiento de ETA que, según relataron, la vieron por primera vez a raíz de su detención en junio de 2008 y que les llevó a pasar un mes en prisión hasta que les fue impuesta una fianza de 20.000 euros para su excarcelación.
En la carta de 2003 ETA indicaba que el pago debía hacerse a través de "los medios habituales de la izquierda abertzale", a lo que Blanca Rosa ha asegurado que no acudió a esa vía porque no tenía relación con la izquierda abertzale.
María Isabel, que durante su declaración no ha podido reprimir las lágrimas, ha alegado por su parte que si figuraba en las listas de Euskal Herritarrok como suplente para el Ayuntamiento de Getaria (Guipúzcoa) en las elecciones de 1999 era porque se trataba de una plataforma de independientes y porque había una tregua de ETA declarada tras el acuerdo de Lizarra. En este sentido, el alcalde de Orio, Jon Redondo (PNV), ha negado que las acusadas estén relacionadas con la izquierda abertzale y ha recordado que, cuando las detuvieron, la izquierda abertzale se movilizó, pero la familia se desvinculó de ellos.
