España deniega el asilo a 17 saharauis llegados en patera

El Gobierno ha cerrado las puertas a la solicitud de asilo de 17 de los 22 inmigrantes llegados en una embarcación el pasado 5 de enero a la isla de Fuerteventura que alegaron ser saharauis. El portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, ha explicado que estas personas ya recibieron una negativa de la Oficina de Asilo y Refugio dependiente del Ministerio del Interior tras cursar su petición en frontera, dos días después de arribar a las costas de Canarias, el pasado 7 de enero.

Todos solicitaron entonces que sus peticiones fueran reexaminadas por considerar que la inadmisión no era procedente, ya que alegaban ser saharauis y que, como tales, estaban sometidos a persecución por parte de las autoridades marroquíes. ACNUR, entidad encargada de informar todas las solicitudes que se cursan en España, recomendó al Gobierno en su dictamen que admitiera a trámite las peticiones para poder estudiar en profundidad caso por caso. Las recomendaciones de este organismo no son vinculantes, pero ha insistido en que hay indicios fundados para la admisión.

Orden de expulsión

Sin embargo, completado el plazo y realizado el nuevo examen, el Gobierno ha decidido no admitir las solicitudes por considerar que los casos no se ajustan a las previsiones de la Ley de Asilo y Protección Subsidiaria en vigor. Según había explicado este amrtes el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Senado, los 17 extranjeros no acreditaron proceder del Sáhara. Esta circunstancia, en el procedimiento en frontera, supone de facto la denegación de asilo, porque al no haber trámite en curso, los extranjeros, que se encuentran en un Centro de Internamiento, no tienen permiso para residir en España y sobre ellos pesa una orden de expulsión.

No obstante, contra la decisión administrativa cabe recurrir a los tribunales, extremo al que CEAR está dispuesto a acudir a petición de los solicitantes porque considera que hay suficiente base para hacerlo. En este caso, se podría solicitar una medida cautelar que impidiera la expulsión de los extranjeros en tanto se dirime el proceso, conforme ha explicado Valiente.