De la 'tolerancia cero' a la sospecha absoluta

Se acumulan los casos relacionados con el dopaje en el deporte español, mirado con recelo desde todos los rincones del planeta por sus sonados, continuados y variopintos éxitos. Sólo en este año que concluye, una decena de corredores han sido ‘cazados’ o acusados de irregularidades, entre ellos los ciclistas Alberto Contador, Alejandro Valverde o Ezequiel Mosquera. ¿Más tramposos que en otros países? ¿Legislación más laxa hasta que arrecieron las críticas procedentes desde el exterior en las que se afirmaba que España era un paraíso para el dopaje? Tal y como reconoció el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, hace ahora dos meses, este país se encuentra bajo sospecha desde hace muchísimos años, con el ‘caso Muehlegg’ como punto de inflexión. El esquiador hispano-alemán pasó del cielo de Salt Lake City al infierno en sólo ocho horas por su positivo de darbepoetin, la hormona sintética extraída de los hámsteres chinos que sustituyó a la EPO.

“El problema aquí no es mayor ni menor que en el resto del mundo”, sentenció Lissavetzky antes de garantizar que el Gobierno aplica el sistema de ‘tolerancia cero’ del que siempre presumió. Reconoce que, aunque los laboratorios españoles están a la vanguardia tecnológica, existen dificultades para descubrir el consumo de sustancias prohibida. Prueba de ello es que antes de la Vuelta, el Xacobeo, equipo de los dopados Mosquera y David García, pasó controles por sorpresa que dieron negativo, igual que Marga Fullana y Maribel Moreno, pilladas en el Mundial de Mountain Bike y antes de la prueba en ruta de Juegos Olímpicos de Pekín, respectivamente. “El sistema funciona pero es mejorable. Madrid no perdió los Juegos Olímpicos de 2016 por dopaje”, sentenció Lissavetzky cuando se le recordó que el COI criticó la política ‘antidopaje’ de España días antes de la elección de Río de Janeiro.

Fuentes del Ejecutivo recuerdan que en febrero de 2007 entró en vigor la ley antidopaje que castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel a quienes suministren o induzcan al consumo de sustancias prohibidas. El principal objetivo de dicha ley es proteger al deportista y sancionar penalmente a su entorno, médicos y entrenadores que pretenden lucrarse con la administración y el comercio de productos dopantes. Una normativa dura que el Gobierno reformará en breve para suavizarla y adaptarla a las sanciones del Código Mundial Antidopaje. Las condenas para una primera infracción serán de seis meses, no de dos años.

Oeraciones Puerto y Grial

La ‘operación Galgo’ se suma a la lista de las principales intervenciones desarrolladas en España contra el dopaje en el que se han visto implicados deportistas de elite. El 23 de mayo de 2006, antes de la entrada en vigor de la Ley Antidopaje, tuvo lugar la ‘Operación Puerto’, la mayor redada en la historia española contra esta lacra. La Guardia Civil descubrió en Madrid un laboratorio con grandes cantidades de bolsas de sangre almacenada y aparatos de análisis. Entro otros, fueron detenidos el Eufemiano Fuentes, entonces director deportivo del equipo ciclista Liberty Seguros, Manuel Saiz, e Ignacio Labarta, director del equipo Comunidad Valenciana. También declararon como imputados los médicos Yolanda Fuentes y Alfredo Córdova, el hematólogo José Luis Merino Batres, el director deportivo Vicente Belda y el auxiliar Alberto León. Apenas cuatro ciclistas fueron sancionados en sus respectivos países: Iván Basso, Michele Scarponi y Giampaolo Caruso en Italia, y Jörg Jaksche en Alemania.

La causa fue archivada en marzo de 2007 por no existir delito contra la salud pública y concluir el juez que el dopaje no estaba tipificado como delito. Sin embargo, en enero de 2009 la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura del sumario al entender que sí había indicios de delito. Un mes después, la fiscalía del Comité Olímpico Italiano inició un proceso contra el ciclista murciano Alejandro Valverde por su presunta implicación en el caso, y el 11 de mayo de 2009 le impuso una sanción cautelar de dos años para participar en competiciones que se celebrasen en Italia. En marzo de 2010, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó la pena del CONI y le impuso dos años de sanción por su relación con la ‘Operación Puerto’.

Por otro lado, hace poco más de un año la Guardia Civil detuvo a una docena de personas implicadas en una red de dopaje deportivo en las provincias de Barcelona, Valencia, Murcia y Granada. En el marco de la ‘Operación Grial’ fue imputado el atleta granadino Paquillo Fernández, doble campeón de Europa de marcha y subcampeón olímpico y mundial. En su domicilio se hallaron viales de la hormona sintética EPO. La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) le aplicó dos años de suspensión, reducidos a uno por colaborar con la investigación. En esta operación también resultaron detenidos los ciclistas Raúl Castaño y Pedro Vera, y el médico Walter Viru.

Al margen de estos casos sonados, en noviembre de 2007 los mossos d’Esquadra detuvieron a un ex campeón del mundo de culturismo en Barcelona, acusado de traficar con productos dopantes desde la tienda que regentaba. Poco después, también en la Ciudad Condal, los mossos detuvieron a uno de los principales responsables de la Federación Internacional de Culturismo, acusado de distribuir sustancias dopantes desde su gimnasio.