La Eurocámara se divide entre las duras críticas a Marruecos y los mensajes de moderación

El Parlamento Europeo (PE) ha dejado claras las distintas sensibilidades políticas en torno a la situación en el Sáhara Occidental y el papel de Marruecos, con un buen número de diputados que han condenado a Rabat y otro grupo que ha optado por enviar un mensaje de moderación.

El pleno de la Eurocámara ha analizado el caso de la ex colonia española tras la violencia en El Aaiún y en vísperas de votar mañana una resolución al respecto. Pese a las distintas opiniones de hoy, la mayor parte de los grupos han pactado un texto de mínimos -que a priori debería ser aprobado con una mayoría cómoda- en el que condenan la violencia en el campamento de Gdaim Izik y piden una investigación internacional de los hechos, sin incluir críticas explícitas a Marruecos.

En el debate, muchos diputados han mostrado sin embargo una postura mucho más dura con la actuación de Rabat en El Aaiún. "Quiero condenar, de forma alta, clara y firme, la irresponsable y provocadora manera como se desmanteló el campo de Gdaim Izyk. Es verdad que la violencia vino de muchos lados, pero poner al mismo nivel a quienes se defienden de una agresión con quienes les reprimen, persiguen y torturan me parece del todo injustificable", ha señalado el eurodiputado de ICV Raül Romeva. "No quieren testigos, tienen mucho que ocultar", ha advertido Willy Meyer (IU) sobre Marruecos, llamando a la UE a "no ser cómplice de la ocupación" del Sahara.

La parlamentaria del PNV Izaskun Bilbao ha condenado también la actuación marroquí y ha abogado por "denunciar siempre las violaciones de los derechos humanos", sin importar quiénes las protagonicen. En ese sentido, los diputados del PP José Ignacio Salafranca y Santiago Fisas han recordado que Marruecos es un país "amigo" de Europa, pero han dejacado claro que el Parlamento "no puede mirar para otro lado" cuando se vulneran los derechos humanos. "La moderación en el carácter o en el temperamento es una virtud, pero la moderación en la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (...) es siempre un vicio, una debilidad y una cobardía que como representantes de la ciudadanía europea no nos podemos permitir", ha señalado Salafranca.

Los socialistas, agradecidos con Rabat por la nueva investigación

Por parte del PSOE han intervenido en el debate María Muñiz y Antonio Masip. La primera ha condenado la violencia en Agdaym Izik y la falta de transparencia por parte de Marruecos, a quien ha agradecido la puesta en marcha de una comisión parlamentaria de investigación sobre los hechos y su disponibilidad para informar a la Eurocámara de su versión. Mientras, Masip ha clamado contra Rabat porque "reprime con odio a quienes sabe un pueblo distinto" y ha llamado a evitar "la liquidación de un pueblo digno, heroico y amigo de Europa" como el saharaui.

Frente a las críticas claras de muchos parlamentarios españoles y de otros países, la mayor parte de los diputados franceses que han intervenido en el debate lamentaron que el PE no espere a escuchar a las autoridades marroquíes antes de pronunciarse y criticaron la "falta de equilibrio" del texto que votará mañana la cámara.

Precisamente a Francia y, en menor medida a España, responsabilizaron varios diputados de distintos países del hecho de que la UE no se involucre más en la resolución del conflicto. "España podría ser abogada de la colonia que abandonó, pero no lo es para no poner en riesgo sus negocios con Marruecos", ha denunciado la socialista portuguesa Ana Gomes.

Por parte de la Comisión Europea, el comisario de Desarrollo, Andris Piebalgs, ha expresado la "preocupación" de Bruselas por los acontecimiento en El Aaiún y por la posibilidad de que dinamiten el diálogo en las Naciones Unidas para resolver el conflicto. Piebalgs, en nombre de la Alta Representante, Catherine Ashton, quien no estuvo presente en el debate, ha asegurado que la UE tiene con Marruecos un "diálogo respetuoso y permanente" y que, en ese marco, ha recordado a las autoridades del país la importancia de que cumpla sus compromisos en materia de derechos humanos.