Los deberes del Gobierno

El presidente del Gobierno ha adelantado, durante su comparecencia en el Congreso, algunas de las medidas del Plan de Acción para los próximos quince meses que aprobará este viernes el Consejo de Ministros. La mayoría recuperan objetivos que ya figuraban en el primer borrador del encuentro de Zurbano entre los responsables económicos del Gobierno y las fuerzas políticas. Otras ponen fecha límite a actuaciones y programas para las que todavía se confía en alcanzar un posible consenso.

Cajas de ahorros: Los procesos de integración de las cajas de ahorros deben culminar antes de fin de año. Lo ha exigido el Banco de España, que espera, para antes de Navidades, que estén constituidos los bancos que funcionarán como organismo central en las fusiones bautizadas como Sistema Institucional de Protección (SIP). Desde que se aprobó la Ley del FROB, 40 cajas de un total de 45 se encuentran participando en algún proceso de integración. Están en marcha 13 procesos de integración, de los cuales 8 han solicitado ayudas por un importe de 10.581millones de euros. Y habrá, con toda probabilidad, una “segunda vuelta”.

Más transparencia: En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno pedirá a las Autonomías que faciliten más información sobre la evolución de sus ingresos y gastos, para que analistas y mercados conozcan de primera mano la realidad de sus cuentas y las posibilidades de cumplir los compromisos de reducción del déficit.

Política industrial: Pese a la importancia que el Gobierno concede al cambio de modelo productivo, el plan integral de política industrial que ahora se compromete a aprobar antes de finales de año que llega con notable retraso. El pasado abril, en el Pacto de Zurbano, se emplazó a una comisión creada al efecto para presentar, en tres meses, las líneas generales de ese programa al Consejo de Ministros.

Planificación energética: El consenso no se ha alcanzado. La subcomisión del Congreso ha elaborado un documento de compromisos nada concretos y el Partido Popular se abstuvo en la votación. El Gobierno asegura ahora que hará frente al abultado déficit tarifario y sacará adelante un programa que garantice la seguridad del suministro en el medio y largo plazo.

Impuestos a las empresas: Se generalizará hasta 2015 la libertad de amortización de que ahora disfrutan las pequeñas empresas sin condiciones. También van a quedar libres de tributación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y en el de Actos Jurídicos Documentados las ampliaciones de capital que realicen todas las sociedades.

Sistema de pensiones: El Gobierno está a la espera de que la Comisión del Pacto de Toledo le remita sus recomendaciones sobre la reforma antes de que termine el año. Pretende elaborar a continuación un proyecto de ley que someterá a discusión con los agentes sociales. El proyecto de ley se enviará a la Cámara antes de que termine el primer trimestre de 2011, un calendario relativamente estrecho para su aprobación en la actual legislatura.

Agencias de colocación: Su regulación es una de las secuelas de la reforma laboral que el Ejecutivo aprobó por decreto, pero el Gabinete confía en contar con la colaboración de los agentes sociales para que estos organismos alcancen la mayor eficacia. Hasta ahora, las entidades privadas han podido casar las ofertas y demandas de trabajo con muchas limitaciones. Se abre camino a la colaboración público-privada en la intermediación.

Negociación colectiva: Los sindicatos creen que se pueden introducir cambios para flexibilizar el funcionamiento de las empresas, y colaborar con ello al cambio del modelo productivo. Pero los empresarios no están en su mejor momento, con un relevo pendiente en la cúpula de CEOE. No obstante, el Gobierno ha puesto el 20 de marzo como fecha límite. Si no se ha alcanzado un acuerdo, aprobará por decreto las modificaciones que le parecen más urgentes.

Políticas activas de empleo: Este año no se podrá contar con más fondos que los 7.300 millones presupuestados. Pero el Ejecutivo quiere utilizarlos mejor. Con este fin va a revisar en profundidad el funcionamiento del sistema de formación para que la oferta permita a los trabajadores prepararse mejor de cara a la demanda de los empleadores. Se desarrollará la “atención individualizada” con itinerarios personalizados.

Empresas públicas: La novedad reside en los plazos: antes de que termine el año se cumplirá el plan de racionalización del sector público estatal, con la extinción de 14 empresas y la fusión de otras 24, lo que reducirá este segmento de 106 a 77 compañías. Desaparecerán un total de 450 sillones en los consejos de administración y 80 puestos directivos. En determinados contratos públicos se incorporarán criterios de preferencia para las empresas que tengan mayor presencia de mujeres entre los directivos.

Servicios profesionales: La nueva ley que los regula se presentará en el primer trimestre de 2011. El Gobierno pretende aumentar la competencia en sectores que emplean al 30% de los licenciados. En contrapartida, mejorará la capacidad de las empresas de esta área (consultoras, asesoras, ingenierías) para actuar en el exterior.

Jurisdicción social: En unas semanas, en cuanto el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estados concluyan sus respectivos dictámenes, se dará luz verde al proyecto de ley reguladora de la jurisdicción social, que se propone poner fin al peregrinaje de los asuntos sociales por los distintos juzgados. Los Juzgados de lo Social asumen competencias que ahora se reparten los de orden civil y los de procedimiento contencioso-administrativo. Los trabajadores soportarán menos costes y las disposiciones serán más rápidas.

Abandono escolar: Para combatir el fracaso escolar y mejorar el rendimiento académico, los programas de refuerzo y apoyo educativo se van a extender a escolares de 9 y 10 años y se implantarán contratos-programa con los centros que emprendan planes específicos para mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes.