¿Un millón de empleos verdes?

Invitado en la cumbre del G-20 que se celebra en Seúl, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cifró en un millón el número de puestos de trabajo que se podrán crear en España en el plazo de diez años en el segmento de la “economía verde”. Durante su participación en un foro empresarial paralelo, también destacó el diálogo abierto por el Gobierno con los partidos y las empresas para pactar la política energética de la próxima década y conseguir “un modelo sostenible con un mínimo coste para los consumidores”.

Las dos afirmaciones pecan por exceso. La generación de 100.000 puestos de trabajo en media anual se conseguirá, en todo caso, si se adopta un concepto tan amplio de lo sostenible que comprenda no solo las energías renovables, la ecoindustria y el coche eléctrico, sino también las infraestructuras que potencian el transporte público, la nueva edificación que cumple criterios de eficiencia energética o la rehabilitación de inmuebles con este fin.

Para entendernos, habría que atribuir a la ‘economía verde’ el puesto de trabajo del instalador que lleva a cabo el cerramiento de una terraza, porque una vivienda mejor aislada consume menos energía en su climatización.

En la actualidad, todo el sector de renovables genera 200.000 puestos de trabajo. Y el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán –también presente en el encuentro de Seúl- proporcionó referencias más claras de lo que podría considerarse empleo en el sector ‘limpio’ al recordar a los periodistas que su compañía, líder mundial de las energías renovables, proporciona empleo directo en esta área de negocio a 2.000 personas, si bien el puesto de trabajo de otras 10.000 depende de forma indirecta de su actividad.

Tampoco es que el diálogo del Ejecutivo con los partidos y las empresas se encamine a un rápido acuerdo sobre política energética a medio y largo plazo. PP y PSOE discrepan en el papel futuro de la energía nuclear, y aunque la práctica totalidad de las fuerzas políticas adopta el objetivo de potenciar las energías renovables, las diferencias son grandes cuando se trata de decidir quién paga el sobrecoste. Las petroleras se enfrentan a las eléctricas cuando se habla de imponer un ‘céntimo verde’ a los carburantes, y cada sector tiene sus defensores.

En el corto plazo, el panorama es aún más complejo, con frentes abiertos como el decreto de apoyo al carbón nacional –bloqueado por los tribunales, su aplicación expulsa del mercado a las centrales de carbón importado y a las que utilizan gas natural- o el desorbitado déficit acumulado en la tarifa eléctrica, que generaciones de usuarios van a tener que seguir pagando durante lustros. Por no mencionar los problemas derivados de la dependencia energética, como el laudo que encarece un 30% los precios del gas argelino que suministra Sonatrach a Gas Natural, y las negociaciones abiertas para alcanzar un entendimiento.

Zapatero puede presumir, eso sí, de un desarrollo de las renovables que permitirá cumplir con holgura el objetivo europeo -20% de la energía final procederá de fuentes renovables en el 2020, porcentaje que se elevará al 40% en el sector eléctrico-, de que España es el cuarto país por capacidad instalada en energía eólica, el segundo en fotovoltaica y el tercero en termosolar, y hasta de los logros alcanzados en eficiencia: antes de la crisis, la industria consiguió rebajar el consumo energético por unidad de producto.