El Congreso da un paso más para acorralar a Batasuna

El Congreso ha aprobado tramitar la reforma de la Ley Electoral para evitar que la izquierda abertzale burle la ley y se presente a las elecciones bajo siglas de partidos legales, reforma con la que se "taponan" las vías ambiguas que hasta ahora ha utilizado Batasuna para "colarse" en las instituciones. Una proposición de ley que fue acordada por los dos grupos mayoritarios en la subcomisión que durante casi dos años debatió en el Congreso la reforma de la Ley Electoral, y que este miércoles ha sumado los votos a favor de Coalición Canaria, UPyD y UPN, y la abstención de CiU.

Con esta reforma se podrán anular listas que cobijen a candidatos de la izquierda abertzale radical, o se aplicará la figura de "incompatibilidad sobrevenida" a los cargos electos de una formación que se ilegalice si, en un plazo de quince días, no presentan una declaración voluntaria e indubitada de rechazo a la causa por la que fue ilegalizado su partido. De aprobarse, además, se ampliará el plazo que tienen la Abogacía y el Ministerio Fiscal para declarar ilegal una formación política, lo que permitirá anularlas hasta una semana antes de las elecciones.

José Antonio Bermúdez de Castro, en nombre del PP, y Txiki Benegas, del PSOE, han defendido la propuesta alegando que ETA y Batasuna han intentado "burlar la ley" sistemáticamente en cada proceso electoral, y con esta reforma se "taponarán" esas "vías ambiguas" a las que ha recurrido hasta ahora. El diputado socialista ha señalado que la reforma no pretende perseguir proyectos políticos, sino garantizar que los métodos para defender dichos proyectos sean democráticos. Bermúdez de Castro, por su parte, ha advertido de que el PP estará "vigilante" para que el Gobierno utilice esta nueva herramienta y para que no acepte los "señuelos" que tienden los violentos "cada vez que se acercan unas elecciones", en referencia a los recientes comunicados de ETA sobre treguas indefinidas.

Abstención de CiU; rechazado del PNV

CiU ha sido el único grupo que se ha abstenido, al entender que en la reforma hay cuestiones "razonables", como poder anular listas si en plena campaña sus candidatos se "quitan la careta", pero también que hay aspectos "alejados de cualquier lógica constitucional", como la figura de "incompatibilidad sobrevenida". En contra se ha mostrado el PNV, cuyo diputado Aitor Esteban ha tachado esta reforma de "atajo" que "defrauda las garantías del Derecho", además de advertir de que la "incompatibilidad sobrevenida" inspira, como mínimo, "más que razonables dudas".

Desde ERC, Joan Ridao ha señalado que la propuesta "va en contra del signo de los nuevos tiempos" y no ayuda a acabar con ETA, y ha agregado que un proceso de paz "reclama mayor altura de miras y aparcar la visceralidad". Gaspar Llamazares, en nombre de IU-ICV, ha considerado necesario que el mundo abertzale se desmarque de la actividad violenta, pero ha opinado que sí existe un espacio político para esa corriente. También se han mostrado contrarios a la iniciativa Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, al entender que se trata de un "atajo" en la lucha contra ETA, y Francisco Jorquera, del BNG, para quien "ya existen instrumentos suficientes para perseguir a las fuerzas políticas que amparan el terrorismo".

En cambio, han estado a favor Rosa Díez, de UPyD, para quien la Ley de Partidos ha sido "fundamental" para frenar a ETA y Batasuna, y Carlos Salvador, de UPN, quien ha subrayado que hay pruebas de que la izquierda abertzale volverá a intentar "engañar al Estado", y si se impide con esta reforma se habrá dado un paso importante en el "deber moral que tenemos con las víctimas del terrorismo".

El Congreso también ha dado luz verde -con el apoyo de PSOE, PP, PNV, CiU y BNG- a otra reforma de la LOREG que permitirá, entre otras cuestiones, anular el poder de los tránsfugas en las mociones de censura, permitir el voto en urna de los emigrantes o impedir que los españoles residentes en el exterior puedan votar en las municipales. Una reforma que, no obstante, ha evitado introducir aquellos cambios que suponían modificar la Constitución, como la reforma del Senado, y tampoco ha modificado el sistema de reparto de escaños, como demandaba IU o UPyD para mejorar la proporcionalidad.