La ONU acusa al Ejército ruandés de un posible genocidio en la República Democrática del Congo

Dieciséis años después del genocidio de Ruanda un informe de la ONU sugiere que decenas de miles de hutus, autores de las matanzas contra tutsis en 1994, podrían haber sido víctimas de otro orquestado posteriormente, en venganza, por el Ejército ruandés en la República Democrática del Congo (RDC).

El informe, publicado en Ginebra más de un mes después de que una versión preliminar fuera filtrada por el diario galo Le Monde, cita "ataques sistemáticos y generalizados contra hutus refugiados en la RDC" con serios elementos que, si son probados ante un tribunal competente, "podrían calificarse de genocidio".

La posibilidad de un nuevo genocidio en la zona -esta vez con los hutus como víctimas- ya se apuntó en el informe preliminar y suscitó fuertes reacciones, sobre todo por parte de Ruanda, que amenazó con retirar sus tropas de las fuerzas de paz internacionales si su lanzamiento seguía adelante. El tenso clima provocó el retraso de su publicación y, aunque el informe definitivo suaviza determinadas expresiones con respecto al borrador, explicita que las matanzas descritas podrían constituir crímenes de genocidio, pero que eso sólo puede decidirlo un tribunal competente.

Anders Kompass, director sobre el terreno del Alto Comisionado para la ONU de Derechos Humanos (los responsables del informe), ha señalado que "la esencia del texto definitivo es la misma. Los comentarios que recibimos no cambiaron nada en relación a los hallazgos de violaciones de derechos humanos". En concreto, alude a más de 600 matanzas y agresiones sexuales sistemáticas cometidas por el Ejército ruandés, en colaboración con el congoleño, contra decenas de miles de hutus refugiados en la RDC entre los años 1993 y 2003.

Ruanda tacha el informe de "farsa"

El informe deja claro que el Ejército ruandés no distinguió en sus matanzas entre militantes de la Interahamwe (los autores del genocidio de 1994) y civiles hutus, entre ellos niños y mujeres, lo que plantea que "los ataques se cometieran contra una etnia como tal". La Interahamwe asesinó en Ruanda en 1994 a casi un millón de personas de la etnia tutsi, lo que constituyó el último genocidio reconocido de la historia reciente. Las matanzas acabaron cuando las milicias del general tutsi Paul Kagame, ahora presidente ruandés, forzaron la huida de miles de miembros de la Interahamwe hacia la vecina RDC, desplazados que se congregaron en campos de refugiados del este del país vecino.

Las investigaciones de la ONU sugieren que, tras este éxodo masivo, tropas del Frente Patriótico Ruandés (FPR, liderado por Kagame) fueron haciendo incursiones en la RDC para asesinar por venganza a decenas de miles de hutus, ayudados por soldados congoleños, ugandeses y otras milicias locales.

La hipótesis de un genocidio en venganza ha sido tajantemente desestimada por la parte ruandesa, cuya embajadora ante la ONU en Ginebra, Venetia Sebundadi, la ha tachado de "falsa y peligrosa", ya que, según ha dicho a los medios, "amenaza la estabilidad de la región". Para Ruanda, el informe es un "fraude" que "saca de contexto" los crímenes, y aunque Sebundadi no ha desmentido que se cometieran asesinatos, ha negado que fuesen bajo intención de destruir una etnia. Si los hubo, ha precisado, se integrarían dentro de la guerra que sacudía a la RDC en la segunda mitad de la década de los 90. Asimismo, ha condenado que el Alto Comisionado de Derechos Humanos sólo haya dado un mes a Ruanda para comentar el informe. Kompass ha asegurado, por contra, que todas las "todas las partes implicadas, entre ellas Ruanda, tuvieron acceso al informe preliminar antes de su filtración a la prensa", que se produjo el 27 de agosto.

Tras el informe, es la justicia internacional la que deberá acaso pronunciarse sobre el caso, aunque, según Kompass, aún no ha habido ninguna señal de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que apunte a que se va a proceder a una investigación judicial. "Nuestra esperanza y la de las víctimas es que actúe un tribunal", ha manifestado Kompass, que ha añadido que el informe recomienda crear una instancia judicial nacional e internacional para que esta última pueda procesar los crímenes más graves.

La embajadora ruandesa en Ginebra ha recalcado que su país colaboraría con dicha investigación, aunque ha destacado que su Gobierno está examinando el informe definitivo para formular su respuesta, que, según se anunció previamente, podría consistir en la retirada de sus tropas de las misiones de paz internacionales. "Aún es pronto -continuó- para determinar si retiraremos soldados". Si el asunto pasa a manos de la justicia internacional, el régimen de Kagame podría ver debilitado el cierto prestigio que goza entre la comunidad internacional desde su entrada al poder en 1994.