La defensa del cerebro de la trama pide la nulidad de las escuchas telefónicas y la suspensión del juicio

La primera sesión del juicio por el 'caso Malaya' se ha centrado en la exposición de las cuestiones previas a las declaraciones de los imputados. La intervención de los abogados defensores no ha deparado sorpresas y, como si siguieran un guión, han pedido todos ellos la suspensión del juicio y la nulidad del proceso por considerar inválidas las intervenciones telefónicas y los registros al considerar que se vulneraron los derechos fundamentales de los procesados.

La primera en intervenir ha sido Rocío Amigo, abogada del principal imputado, Juan Antonio Roca, quien ha solicitado al tribunal la suspensión del juicio por considerar que en el 'caso Malaya' se están enjuiciado cuestiones que ya han sido anteriormente enjuiciadas, tanto en el 'caso Saqueo' en la Audiencia Nacional, como en otros procedimientos en Málaga y Marbella, por lo que ha alegado la cuestión de “cosa juzgada”. El presidente del tribunal, José Godino, ha rechazado la suspensión solicitada, por lo que ha letrada ha continuado su intervención refiriéndose a las intervenciones telefónicas.

Críticas contra la investigación

Así ha solicitado la nulidad de los autos dictados por el juez Miguel Ángel Torres y oficios policiales que autorizaron las escuchas en el inicio de la investigación, “por falta de motivación, proporcionalidad y excepcionalidad de la medida, así como por entender que se violaron derechos fundamentales”.

En opinión de la letrada de Roca, las pesquisas policiales han sido un “ejemplo de investigación prospectiva”, que se inician a partir de la declaración en el juzgado del juez Torres del funcionario municipal Jorge González, quien se refirió a la influencia de ex asesor municipal en el urbanismo de la ciudad. Rocío Amigo ha llegado a acusar de “actuación servil” la del juez Torres, por seguir siempre lo que iba proponiendo la policía. De la misma manera, Rocío Amigo, que ha estado auxiliada por letrada Yolanda Terciado, que participa en el juicio como codefensa, ha solicitado también la nulidad de las entradas y registros efectuados por la policía.

“La investigación ha sido el fin supremo en este proceso, en el que se han vulnerado el derecho de defensa y a un proceso judicial con todas las garantías”. Con estas palabras Horacio Oliva, abogado de cinco de los seis letrados del gabinete jurídico de Madrid acusados de actuar como testaferros de Roca, ha argumentado ante el tribunal su petición de nulidad del proceso y ha invocado también la vulneración del derecho a la libertad, por cómo se efectuaron las detenciones de estos profesionales, y su intimidad. El catedrático de Derecho Penal ha recordado que el delito de blanqueo de capitales que se imputa a sus clientes no justificaba el “asalto” de la policía al despacho jurídico, que “no es una vivienda particular”, por que ello atenta contra el secreto profesional, que solo se puede ver invadido por la investigación en casos de delitos graves, como los de terrorismo.

Juez "parcial e inquisidor"

“Al erigirse como el único para instruir el caso, está mostrando una voluntad arbitraria y se convierte así en un juez parcial e inquisidor”. El abogado acusado de blanqueo, Francisco Soriano Zurita, que se defiende a si mismo desde el estrado de los letrados, ha pedido al tribunal que invalide el proceso al haberse apartado de la legalidad, ya que, en su opinión, Miguel Ángel Torres “no era el juez el predeterminado por la ley”, porque se vulneraron las normas de reparto de asuntos y porque él, que tenía plaza en Granada, ya había finalizado su comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. “Estamos en una pesadilla en la que nos ha metido un juez que ni siquiera era el titular del juzgado”, ha añadido Soriano Zurita, quien ha pedido también la nulidad de las detenciones y de los registros.

El juicio, que ha comenzado con media hora de retraso sobre el horario previsto, se ha desarrollado con normalidad, aunque con mucha expectación mediática y de público, que ha seguido dentro y fuera de la sala el desarrollo de la sesión. Solo ha habido una ausencia entre los 95 procesados. Se trata del tasador municipal José Mora, afectado por una grave enfermedad, que ha sido excusado por el tribunal tras ser examinado por un médico forense. Otra acusada, María del Pilar Román, hija del ex teniente alcalde Pedro Román, ha obtenido permiso del tribunal para asistir solo durante una hora a la vista y abandolarlo después para poder atender la lactancia de su bebé, ya que ha sido madre recientemente.

La vista ha sido suspendida hasta mañana, que continuará con la intervención del resto de los letrados defensores.