Los guardias civiles acusan a Interior de tratarles como a terroristas de ETA por prohibir que se manifiesten

Los representantes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) han reaccionado en rueda de prensa a la prohibición de manifestarse dictada por Delegación de Gobierno y han criticado que el Ministerio de Interior les trata como a los etarras al no dejarles realizar la marcha.

"La delegación de Gobierno, obviamente teledirigida por el Ministerio de Interior trata a la guardia civil como a los terroristas de ETA, y me explico: para articular esta prohibición han rastreado nuestras páginas web, nuestros comunicados internos a los afiliados como se hace con ETA para prohibir posteriormente sin ningún pudor una manifestación pacífica como se hace con ETA. Estamos en los peores tiempos desde el fin de la dictadura", ha dicho Alberto Moya.

En la misma línea se ha manifestado minutos después en el mismo acto Francisco García Ruiz, representante de la Unión de Oficiales: "Hasta ahora conocíamos casos del entramado terrorista a los que se les prohíbe hacer actos de enaltecimiento del terrorismo y a los guardias civiles se nos ha metido en el mismo saco. Eso ofende a un colectivo que ha dado muchos muertos para defender el Estado de Derecho y la democracia. Aunque sólo fuese por el respeto a esos muertos, los que han caído en defensa del Estado de Derecho, debería haberse abstenido de dictar esa prohibición. A quien lo haya hecho debería darle vergüenza".

Ambas asociaciones han anunciado el recurso ante la prohibición y han advertido de que la plataforma ciudadana Asociación de Automovilistas Europeos ya ha convocado otra marcha similar para el mismo día en solidaridad con los agentes del Instituto Armado. En caso de que se mantenga la prohibición, AUGC y UO han adelantado que secundarán esta otra convocatoria como si fuese la suya.

Símil con los disidentes cubanos

Desde la UO también se ha comparado su situación con la de los disidentes cubanos que son acogidos por el Gobierno socialista. Entendemos sus advertencias de sanciones disciplinarias como amenazas. Esas advertencias las hace un Gobierno que rescata disidentes cubanos porque dicen que allí no tienen derechos. Vamos a tener que ir a Cuba para que el Gobierno se ocupe de nosotros. ¡Pero es que nos estamos volviendo locos!". En este sentido se ha dirigido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para pedirle "que se haga cargo de la situación". El presidente nos convoca todos los años en enero para homenajear a nuestras víctimas, ¿y que hay de los vivos?".

De este modo ambas asociaciones reaccionaron de manera oficial a la decisión de la Delegación de Gobierno en Madrid, que prohibió la manifestación convocada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) en defensa de mejoras laborales prevista para el próximo día 18 en Madrid al entender que se trata de un acto sindical por lo que se vulnera el carácter de neutralidad que se exige por Ley a los miembros del Instituto Armado.

Tras sus declaraciónes, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha considerado que no es "razonable" que las asociaciones de guardias civiles acusen al Ejecutivo de tratarles "como a terroristas de ETA" por prohibir la manifestación. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, De la Vega ha asegurado que la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid se ajusta a la Ley y a la jurisprudencia en relación con los derechos y deberes de los agentes. "Respeto la opinión que puedan tener los guardias civiles pero discrepo de ella", ha subrayado.

Prohibición del acto de apoyo

En apoyo de los guardias civiles se había convocado una manifestación, también para el 18 de septiembre, que la Delegación del Gobierno en Madrid ha decidido no autorizar. La había convocado Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Su presidente, Mario Arnaldo, ha explicado que la Delegación ha argumentado para denegar la autorización que la petición se presentó "fuera de plazo".

AEA ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al entender que la comunicación se presentó a tiempo y que la decisión gubernativa vulnera el derecho de reunión y manifestación fijado en el artículo 21 de la Constitución.