Los tres ediles de Orihuela quedan en libertad sin fianza pero imputados por fraude y cohecho

Los concejales de Orihuela (Alicante), Gines Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía han quedado en libertad sin fianza en la causa del llamado 'caso Brugal' aunque imputados por los delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios.

El magistrado encargado de esta causa, el titular del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, que instruye el llamado 'caso Brugal' por presuntas irregularidades en la contrata de los servicios de tratamiento de basuras en la Vega Baja, ha adoptado esta medida tras tomar declaración a los tres ediles. El fiscal había solicitado para cada uno de los ediles oriolanos la medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros, medida que finalmente ha sido desestimada por el juez.

Segundo día de interrogatorios

Los tres ediles han salido del juzgado cerca de las 12.30 horas acompañados de sus abogados. Gines Sánchez ha indicado a la salida de la instalación judicial que no puede decir "de qué está imputado" debido al "secreto de sumario" decretado para las diligencias previas por el juez, y sólo ha añadido que ha quedado "en libertad, sin medidas cautelares".

Tanto la defensa legal de Gines Sánchez como la de Antonio Rodríguez Murcia corre a cargo del Ayuntamiento de Orihuela, mientras que Manuel Abadía se ha proporcionado sus propios abogados. Además, Abadía ha querido reiterar su "máximo respeto a la Justicia" a su salida del juzgado número 3 de Orihuela.

Ginés Sánchez había sido el primero en llegar a los juzgados de la localidad, sobre las 9.00 horas, seguido de Antonio Rodríguez Murcia, que acudía a las 10.00 horas. Una hora más tade llegaba el tercero de los ediles del equipo de Gobierno del PP, Manuel Abadía. Las comparecencias han concluido con las declaraciones del empresario Ángel Fenoll y su hijo. Los dos han quedado en libertad sin ninguna medida cautelar nueva al margen de la libertad con fianza de 300.000 euros, para el padre, y 100.000 euros para el hijo, impuesta en 2007.

En la jornada de ayer todos los focos estaban puestos en el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que tras ser escuchado por el juez quedó en libertad sin fianza pero imputado por cinco delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, información privilegiada y actuación prohibida a autoridades. El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, había pedido para el también presidente del PP de Alicante prisión eludible con una fianza de 500.000 euros o, en su defecto, una comparecencia periódica en el juzgado. Además de Ripoll, también declararon este jueves cinco empresarios, entre ellos Enrique Ortiz, presidente del Grupo Cívica y máximo accionista del Hércules Club de Fútbol, que quedó libre aunque imputado por varios delitos, como el de cohecho.