Casinos, bingos y tragaperras denuncian el aumento de apuestas «ilegales» en la red

Las organizaciones de juego privado han denunciado la proliferación de operadores de juego en internet y han advertido de que éstos están ofreciendo servicios que son ilegales en España. El juego online está, según estas organizaciones, causando graves prejuicios a los menores y a los jugadores rehabilitados, que pueden jugar en cualquier momento sin someterse a los "filtros" establecidos legalmente.

Estas organizaciones del juego privado españolas han denunciado esta situación ante los responsables de juego de cada una de las diecisiete comunidades autónomas, ante el Ministerio del Interior y en la Agencia Tributaria. Las denuncias han sido promovidas por la Asociación Española de Casinos de Juego, la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo y la Confederación Española de Empresarios del Juego, que agrupan a prácticamente todo el sector (casinos, bingos y tragaperras), según han informado fuentes de estas organizaciones. Las denuncias también han sido suscritas por la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos y por distintas asociaciones autonómicas integradas en COFAR.

Según los denunciantes, los operadores de juego por internet ofrecen sus servicios en España "sin autorización ni control", y han advertido de que no se ciñen sólo a Internet sino que utilizan también telefonía móvil y otros soportes tecnológicos. El vicepresidente ejecutivo de la COFAR, Eduardo Antoja, ha precisado, según se informa en una nota de prensa, que el objetivo de las denuncias es lograr el cese "inmediato" de la oferta de juego ilegal en España a través de medios telemáticos y poner fin a la competencia desleal que las empresas de juego privado están padeciendo.

Sin autorización administrativa

Las organizaciones denunciantes alegan además que estos operadores carecen de la autorización administrativa correspondiente, aunque algunos de ellos la han obtenido en sus respectivos países de origen. Han recordado en ese sentido que la doctrina de la UE apunta que la licencia obtenida en un país miembro para operar en materia de juego no lo habilita para operar en cualquier otro Estado. Las organizaciones que agrupan al juego privado han señalado que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas para regular el juego que se desarrolla en su territorio, por lo que deberían prohibir la actividad de estos operadores sin autorización, y han observado que la publicidad que realizan es también ilegal.

Han alegado además que esta actividad "ilegal" debe ser controlada por las administraciones atendiendo al interés público, ya que el juego sin control puede provocar problemas como la adicción, el uso fraudulento de datos personales o tarjetas de crédito, fraudes económicos o blanqueo de capitales. Según estas organizaciones, el juego por internet está provocando graves daños a dos colectivos concretos: los menores y los jugadores de azar rehabilitados, ya que pueden jugar en cualquier momento sin que nadie solicite su DNI, "con lo que se saltan todos los controles que, en circunstancias normales, impiden que accedan a algo que va a provocarles un grave perjuicio".