El PP traslada a la Fiscalía las informaciones sobre el patrimonio de José Bono

El PP ha trasladado al fiscal general del Estado un escrito con las informaciones publicadas sobre el patrimonio del presidente del Congreso, José Bono, para que decida si es pertinente una investigación. Con el texto, los populares pretenden poner en conocimiento del Ministerio Público lo que se ha publicado en un medio de comunicación acerca de los bienes patrimoniales del ex presidente de Castilla-La Mancha.

El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, señaló el pasado lunes que su partido esperaría a que Bono ofreciera explicaciones sobre la cuestión y que si no lo hacía, trasladarían a la Fiscalía las noticias que se han venido publicando.

La petición de explicaciones del PP ha sido reiterada desde hace tres semanas, en concreto desde que la secretaria general, María Dolores De Cospedal, exigió a Bono que aclarase esos supuestos "desajustes patrimoniales". El presidente del Congreso, en respuesta, informó a la Fiscalía de su patrimonio y negó, en una nota de prensa, que sus bienes procedieran de cauces ilícitos.

Datos que no coinciden

Posteriormente, informó a los integrantes de la Mesa del Congreso de su patrimonio y días después hizo lo propio ante los portavoces de los grupos parlamentarios, lo que para el PP no fue suficiente, ya que este partido pretende que Bono dé trámite a la cuestión en algún órgano del Congreso. Está previsto que sea la Comisión del Estatuto del Diputado la que estudie el caso.

Los populares han decidido llevar la cuestión a la Fiscalía mediante el traslado de las informaciones publicadas, y lo ha hecho ante el Ministerio Público porque ese fue "el órgano al que recurrió Bono" en su momento, según han apuntado las fuentes del PP.

El partido cree "evidente" que "no hay plena coincidencia entre los bienes declarados" por Bono y los que le atribuyen los medios, y que se produjeron "relaciones de naturaleza económica presuntamente irregulares y hasta la fecha absolutamente ignotas" entre el presidente del Congreso y el propietario de la constructora Reyal Urbis, que fue "adjudicataria de obra pública" mientras Bono fue presidente de Castilla-La Mancha.