La Fiscalía recurre la libertad bajo fianza de 30.000 euros de Díez Usabiaga para que cuide de su madre

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión del juez Baltasar Garzón de dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros al ex secretario general del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, para cuidar a su madre. El Ministerio Público considera que la circunstancia humanitaria alegada "ha sido artificialmente creada".

En un escrito presentado en el juzgado de Garzón, el fiscal Vicente González Mota señala que las razones por las que se acordó el ingreso en prisión de Usabiaga "aún persisten" y que el procesado ha empleado ese argumento "con el fin de eludir una medida cautelar necesaria". Estaba preso desde el pasado mes de octubre por intentar reconstruir Batasuna a través de 'Bateragune'.

El fiscal entiende además que, "por razones de igualdad procesal" con el resto de los procesados en esta causa, entre ellos el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y la ex tesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto, "no deben suavizarse sin justificación suficiente" las medidas cautelares impuestas a Díez Usabiaga.

Díez Usabiaga fue procesado el pasado 25 de enero junto a otros seis dirigentes de la izquierda 'abertzale', entre ellos el ex portavoz de la ilegal Batasuna, Arnaldo Otegi, y dejó fuera del procesamiento, en contra de la solicitud del fiscal, al histórico dirigente de la formación ilegalizada Rufi Etxebarria. El resto de los procesados son: Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta; Arkaitz Rodríguez, juzgado en 2006 por ser miembro de los aparatos de captación e información de ETA y que resultó absuelto; José Luis Moreno Sagües (Txelui), candidato al legislativo foral en una lista que fue ilegalizada, José Manuel Serra y Amaia Esnal, que quedaron en libertad con una fianza de 10.000 euros.

El fiscal señala su intención de eludir la cárcel

El pasado lunes, Garzón dejó en libertad bajo fianza de 30.000 euros a Usabiaga para cuidar de su madre, que mantiene una "relación de dependencia" con él, y le impuso la obligación de rendir quincenalmente información sobre el cuidado dispensado a su progenitora, la de comparecer dos veces a la semana en el juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Según el magistrado, en el procesado "concurre una circunstancia específica de índole personal-familiar" acreditada en un certificado del Ayuntamiento de Lasarte (Guipúzcoa) en el que consta que su madre "ha iniciado los trámites para la prestación y cuidados personales relativos a la Ley de Dependencia, requiriendo como cuidador a su hijo", quien "ha venido encargándose" de sus cuidados hasta que fue encarcelado.

El fiscal señala, sin embargo, que ese certificado está fechado el 12 de abril de 2010 y que cuando la madre requiere como cuidador al procesado "es notorio" que Usabiaga se encuentra en prisión preventiva y no puede ejercer esa tarea. Además, González Mota cree que la situación de prisión preventiva "no perjudica una relación preexistente de cuidados a un familiar, sino que se sustenta sobre una nueva", que, a su juicio, está "pendiente de crearse" y "parece diseñada" tanto para la asistencia de la madre como para Usabiaga, al que serviría para eludir la cárcel.