La reforma para frenar las candidaturas afines a ETA divide a los partidos

La propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, por la que el Gobierno quiere facilitar la impugnación de las candidaturas consideradas afines a ETA e incluso poder expulsar de las instituciones a cargos electos, ha sido acogida de manera desigual por las distintas fuerzas políticas. Mientras partidos como PSOE, PP o UPyD comparten la filosofía del mensaje de "o bombas o votos" del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, otros como IU, PNV o la izquierda abertzale se oponen a lo que consideran como un endurecimiento de la Ley de Partidos.

La vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega ha explicado que el objetivo es que los que apoyan a los violentos no puedan sentarse "nunca más" en los escaños que la democracia reserva a los que cumplen y defienden la ley. Una opinión compartida por el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, quien ha abundado en esta tesis al señalar que las medidas perfeccionarán la legislación y tratarán de "blindar la democracia frente a los violentos", sin vulnerar los derechos democráticos de nadie ni perseguir ningún tipo de idea. "Se trata simplemente de que quienes usan las instituciones para amparar o defender la violencia no tengan sitio en ellas", ha destacado.

También ha llegado el respaldo a esta propuesta desde las filas del PP, cuya secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que su partido comparte el objetivo y dará por buenas las medidas si garantizan que los afines a la banda terrorista no se presentan a los comicios. De hecho, según De Cospedal, la "prueba del 9" en la lucha contra ETA es "que la banda no se presente a las elecciones", por lo que ha pedido que se utilicen todos los medios posibles para conseguirlo, de tal manera que "no se produzca lo de épocas pasadas" y evitar que la banda o sus organizaciones políticas puedan estar presentes en unas elecciones municipales.

A favor y en contra

Las voces contrarias, en cambio, han llegado desde IU, cuyo coordinador general, Cayo Lara, ha pedido al Gobierno que "no se deje llevar" en su política por las "falacias" que puedan decir personas como el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja. Frente a estas posibles modificaciones legislativas con las que no está de acuerdo, Lara ha apostado por la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio del Interior para acabar con el terrorismo.

El presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortuzar, ha dejado entrever que la presentación de esta reforma "en tiempo récord" es una respuesta a las palabras del eurodiputado Mayor Oreja. "La sombra de Mayor Oreja sigue siendo muy alargada en los temas de Interior", ha insinuado.

Por la ilegalizada ANV, el alcalde de la localidad vizcaína de Elorrio, Niko Moreno, ha opinado que esta reforma electoral demuestra la "debilidad" y el "miedo" del Estado ante "la confrontación democrática que la izquierda abertzale está planteando".

A favor de la reforma se ha mostrado asimismo UPyD, por boca de Gorka Maneiro, quien ha dejado claro que este partido apoya cualquier reforma legislativa que "vaya en la línea de estrechar los márgenes" para evitar que las "organizaciones proetarras" tengan presencia en las instituciones vascas.

Igualmente, el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, ha saludado las reformas y se ha alegrado "enormemente" de que se "endurezca la legislación para imposibilitar que las fuerzas que no condenan el terrorismo estén en las instituciones".

Al margen de la política, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha considerado acertada cualquier reforma dirigida a garantizar que el Parlamento esté representado por las personas que rechazan la violencia, siempre y cuando no se vulnere "ningún otro derecho".

Mientras tanto, el sindicato nacionalista ELA ha denunciado que "se ahonde en la criminalización de una expresión política (en alusión a la izquierda abertzale) y se busque su exclusión de la legítima concurrencia electoral".