El Tribunal de Cuentas sanciona a Democrática de Catalunya por recibir donativos ilegales

El Tribunal de Cuentas ha decidido sancionar con 271.797 euros a Unió Democrática de Catalunya (UDC) por recibir una donación anónima de 196.000 euros en el año 2006, cifra que triplicó el límite que la ley orgánica de financiación de los partidos políticos establece como límite para que una sola persona física o jurídica done a un partido.

Así se recoge en el informe que el Tribunal de Cuentas ha remitido al Congreso con el análisis de las cuentas de los partidos en el año 2006, y en el que se sanciona también al PCE con 18.000 euros y a Ciutadans-Partido por la Ciudadanía con 767 euros por superar igualmente el límite fijado para los donativos y, en este caso, por no aportar el acuerdo de los órganos sociales que decidieron hacerles donativos.

En el caso de UDC, el Tribunal estima que hay una infracción en una donación anónima por importe de 196.000 euros que recibió en agosto de ese año (superando los 60.101 euros de límite que establece la ley), y explica que la multa equivale al doble de la aportación ilegalmente aceptada.

UDC se defiende

Si bien Uniò Democrática ha indicado que ese ingreso corresponde a "cuatro donativos procedentes de la recaudación efectuada por los responsables de las organizaciones intercomarcales", el Tribunal de Cuentas no considera "suficientemente acreditado el fraccionamiento del ingreso único registrado por caja a efectos contables".

En consecuencia, el órgano fiscalizador estima que existe una infracción que, de conformidad con lo contemplado en el artículo 8 de Ley de Financiación de Partidos de 1987, está sancionada con multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente aceptada. Dado que la aportación supera en 136.000 euros los 60.000 que establece la ley, la multa impuesta por el Tribunal de Cuentas a UCD asciende a un total de 271.797,58 euros.

Por otra parte, el órgano fiscalizador detalla en su informe que, en 2006, Uniò ingresó en cuentas bancarias no específicas para donaciones un total de 260.000 euros, lo que contraviene el artículo 7 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos vigente entonces.