Impugnarán el acuerdo de las cláusulas sociales

La plataforma 3R ha anunciado su decisión de recurrir el acuerdo plenario del pasado mes de octubre al aprobarse el apartado para la inclusión de nuevas cláusulas sociales a la hora de realizar contrataciones municipales, con la intención de conseguir que más isleños sean contratados en obras y servicios.

Y es que para el colectivo este problema que arrastra San Fernando, en vez de paliarse con esta determinación, lo único que va a conseguir es que se «enturbien por falta de seguridad jurídica», dado que según entiende la entidad cualquier contratación «sería nula de Pleno Derecho dado que se ha ignorado el procedimiento establecido y que requiere del Dictamen de la Comisión Permanente, previo y preceptivo, del Consejo Consultivo de Andalucía, como determina el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el nivel competencia del propio Consejo Consultivo».

Por lo tanto este partido político, asegura no poder obviar que se está «incumpliendo el Ordenamiento Jurídico Vigente en esta materia. El desempleo de esta ciudad ya tiene suficiente con aguantar con un Gobierno que le promete la solución a su mayor problemas pesar de no tener competencias y utilizando un híbrido de cláusulas sociales, dado que ahora saben que las que prometieron en campaña son ilegales e imposibles de cumplir».

Por ello, la plataforma 3R procederá a la impugnación del acuerdo plenario de estas cláusulas sociales, con objeto de que se le dé cumplimiento a la Ley y al Estado de Derecho, «como no podía ser de otra forma y máxime en este contexto y ante unas indecentes cifras de desempleo, en la decimocuarta ciudad con más paro de España».

Otro litigio más

No se trata de la primera vez que esta entidad recurre a los estamentos judiciales en busca de que se cumplan la legalidad. De esta forma, aún continúan con el proceso que abrieron contra el tranvía, al entender que la actuación está anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

También han realizado diferentes quejas como la que elevaron al Defensor del Pueblo referente a las marquesinas de este medio de transporte y que se han colocado en espacios de Bien de Interés Cultural, a pesar de ser elementos que obstaculizan visualmente, sobre todo en el caso de la Compañía de María, a los propios edificios protegidos.