«Hubo cortes de luz porque el PP tenía facturas sin pagar desde enero»

La cercanía de las elecciones generales tensa la convivencia política en la Diputación provincial de Cádiz y ninguno de los grupos parece dispuesto a dejar pasar una. Si el jueves era el portavoz del PP, José Loaiza , el que arremetía contra la gestión del nuevo Gobierno, este viernes lo ha hecho el responsable de Asuntos Económicos, Jesús Solís , respondiendo con dureza a esas acusaciones. En una rueda de prensa ha negado que la presidenta Irene García esté engañando a los alcaldes , como aseguró el dirigente popular, y ha explicado que si antes se ha accedido al Plan Reactiva -destinado a inversiones, es porque no existía la obligación de cumplir con el plazo medio de pago a proveedores como ahora.

También ha acusado a los populares de conseguir un superávit en la cuentas «a costa de no ejecutar el presupuesto», cuestión que el el equipo al que pertenece «ni se lo ha plantado». «Cuando entramos se decidió ejecutar las partidas, porque hasta ahora la administración había estado paralizada», ha insistido. Y, como muestra de lo que considera un «desorden financiero», ha mencionado casos extremos como cortes de luz en algunas depedencias de la institución por el impago de facturas. «Nos encontramos una deuda de 60.000 euros acumulada desde enero », ha asegurado, lo que a su juicio puede demostrar que «ya desde entonces sabían que estaban haciendo las cosas tan mal que iban a abandonar la Diputación».

Pero Solís no se ha quedado solo ahí. Ha mencionado también que «se dejaron de pagar esas facturas, pero no se les olvidó abonar algunos informes como uno destinado a la racionalización de gastos en el que se limitan a copiar el texto de la ley». El diputado ha mostrado abiertamente sus dudas sobre si «ese informe lo habrá redactado algún amigo suyo, porque se pagó antes de mayo y costó 21.500 euros», ha resaltado.

El diputado de Asuntos Económicos también se ha referido al préstamo de 90 millones de euros que ha solicitado la Diputación y que, según ha detallado, «es una operación de Tesorería que no computa como endeudamiento y se amortiza el 31 de diciembre del año que se hace efectivo». Y de la misma forma ha desvelado qué uso se le dará, que será «para adelantar a los ayuntamientos la parte de los tributos que les corresponden».