Arranca en la Audiencia el juicio contra dos exalcaldes de Rota y el regidor de Chipiona

En su acusación, el fiscal enumera una serie de movimientos mercantiles como la «venta simulada» de las participaciones de la esposa de Lorenzo Sánchez en Pacheco Puyana con el único fin, sostiene, de tratar de burlar la ley de contratos públicos que le impedía al alcalde hacer negocios con la Administración que dirigía. La mejor forma de escapar del concurso público era la adjudicación directa ya que por la cuantía de los sucesivos encargos (menos de 30.000 euros) no tenían que pasar por otros filtros administrativos.

Cuenta el escrito que en 2004 sí se llegó a tramitar un contrato mayor, «y se realizó con un grotesco incumplimiento de la ley», afirma. Para conseguirlo aprobaron supuestamente un pliego de condiciones, a pesar de que faltaban documentos como por ejemplo la justificación de la compra, y se dio un plazo de tan solo cinco días a varias empresas para que presentaran sus ofertas. «Cuando lo normal son 14 días y además se tramitó en agosto. Lo que pretendían los acusados era lo que finalmente consiguieron, que no hubiera tiempo material para que se presentaran las ofertas».

Entre 2003 y 2008 estas empresas facturaron al Ayuntamiento casi 800.000 euros

Esta fue la adjudicación que autorizó Eva Corrales como edil de Fiestas, por la que ahora se sienta en el banquillo. Para el fiscal esta treta es una prueba evidente de que se utilizaron además de éste otros mecanismos para seguir concediendo contratos a las mismas empresas, si tener que pasar por trámites legales que lo impidieran.

Así, el fiscal destaca también la construcción de unas bateas y carrozas para las fiestas, cuyo encargo se tramitó presuntamente a través de la empresa pública de aguas porque en caso contrario debían de abrir un concurso público.

El fiscal describe en su escrito cómo lograban salvar los controles legales en las adjudicaciones

La instrucción ha sido larga y engorrosa pero, tras muchas pesquisas, el caso ha llegado a la Audiencia Provincial. La investigación judicial partió a raíz de una denuncia del PSOE que alertó de que en el Consistorio roteño se habían adquirido uniformes con dinero público a una empresa propiedad de Sánchez. El regidor firmó aquellos contratos supuestamente buscando los precios más baratos pero, tras la denuncia, se comenzó a tirar del hilo y se abrieron diligencias por parte de la Fiscalía y posteriormente en el juzgado.

Corrales acude a la Audiencia muy pendiente del Supremo

Eva Corrales vuelve este martes a la Sección Cuarta. A la misma que hace un año (en apenas dos semanas se cumplirá esta fecha exactamente) le condenó a una pena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial en el conocido como ‘caso Horas Extra’.

El abogado de Corrales, Manuel Hortas, confirmaba a principios de abril que el Supremo había admitido a trámite el recurso que habían presentado a dicha sentencia cuya deliberación se celebró el pasado 19 de abril y cuyo resultado podría conocerse públicamente los días que dure la vista, lo que supondrá un peso añadido en los hombros de la exregidora.

El juicio por el ‘Horas Extra’ se celebró en marzo de 2015 y sentó en el banquillo a otras ocho personas más, entre ellas el también exalcalde de Roteños Unidos (RRUU), Lorenzo Sánchez, quien fue finalmente absuelto.

Bordados para fiestas

En esta causa se les acusó de adjudicar también de manera irregular contratos de suministro a un funcionario del Ayuntamiento y a su esposa entre 2004 y 2010 para la elaboración de trabajos de bordado para diferentes fiestas municipales.

Al anunciar su retirada, Eva Corrales habló a los medios de «persecución política». Entonces se justificó y aseguró que no sabía que estaba cometiendo una ilegalidad y que dichos encargos no costaron ni un euro a los ciudadanos. En aquella estudiada rueda de prensa, Lorenzo Sánchez, quien le entregó ese bastón de mando en 2010, estaba sentado tras ella. Ahora, volverán de nuevo juntos al banquillo de los acusados.