ENERGÍAS RENOVABLES
Trabas, obstáculos y una normativa muy estricta
La presión vecinal, los falsos efectos sobre la pesca y una ley restrictiva dieron al traste con cinco inversiones eólica-marina en Cádiz entre 2003 y 2013
Vista parcial de uno de los parque eólico-marinos de Reino Unido
Todo fueron obstáculos para el desarrollo de la energía eólica marina en nuestro país entre 2003 y 2013 y, más concretamente, en la zona del Golfo de Cádiz, donde la presión popular dio al traste con varias inversiones.
El primero de los inconvenientes fue la o posición de colectivos sociales y municipios a la instalación de molinos frente a sus costas. En la comarca de La Janda, en Cádiz, el debate fue encendido entre quienes defendían que los parques acabarían con la pesca y el turismo , y quienes consideraban que se convertirían en un revulsivo para las economías locales deprimidas .
Municipios como Conil, Barbate y Vejer se sumaron al movimiento de oposición aunque, en aquellas disputas pocas veces se atendió a criterios y razonamientos científicos. Media docena de empresas aspiraba a colocar aerogeneradores en el mar de Trafalgar a mediados de la última década. Hoy, los proyectos de Acciona, Iberdrola, Endesa y Capital Energy, entre otras compañías, están olvidados a la espera de tiempos más propicios. Las empresas coinciden en que el Gobierno no apostó por este sector. En 2007, la Administración socialista aprobó un Real Decreto que desglosó los procesos administrativos que debían superar los proyectos de energía eólica marina.
El estudio estratégico ambie ntal que acompañaba a este decreto descartó los parques a menos de ocho kilómetros de distancia de la costa y clasificó el litoral español en zonas aptas, no aptas y «aptas pero con condicionantes» para la explotación del recurso. La mayor parte de la costa de Andalucía quedó recogida en este último capítulo, el de espacios adecuados para los aerogeneradores pero en los que el Gobierno debería estudiar los proyectos uno a uno, atendiendo a las condiciones particulares de cada iniciativa y de cada ubicación. Ese informe estratégico fue publicado de forma definitiva en 2009, tras dos años de estudio de alegaciones. El Gobierno mostró su disposición a recibir proyectos empresariales y adjudicar, posteriormente, parcelas marinas para el estudio de las condiciones particulares del viento en cada espacio. Recibió más de treinta propuestas para aguas de Cádiz, Huelva, Castellón, Tarragona, Coruña y Canarias, pero todas siguen en el cajón.
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