«El terrorismo es un problema global»

«Estamos en una encrucijada desde la época constituyente, compuesta por la necesidad de reformar la Justicia y adaptarla a las necesidades del ciudadano y a los problemas internacionales. El ejemplo lo tenemos con el yihadismo, que está cambiando la faz de nuestro entorno». Así comenzó el jurista Juan Carlos Campos su intervención en la Mesa de Justicia que el Partido Socialista organizó en San Fernando con diferentes letrados para debatir en este ámbito y presentar las propuestas de la formación de cara a las elecciones del próximo 20 de diciembre .

El candidato del PSOE al Congreso diseccionó los seis grandes ejes con los que el partido pretende darle la vuelta a la Justicia parándose en aquellos ámbitos más esenciales y haciendo referencia a un problema que preocupa cada vez más, como es el caso del terrorismo yihadista.

En este sentido, Campos habló de la necesidad de dirigirse jurídicamente hacia la internacionalización, ya que (siguiendo con el ejemplo de los atentados orquestados en París), el terrorismo se ha globalizado y ha cambiado mucho respecto al de la segunda mitad del siglo XX. «Ahora una persona en Yemen puede orquestar un atentado en cualquier parte del mundo y puede tardar días en ejecutarlo o simplemente dar una orden para que se realice en unos segundo. Es algo que hemos visto en París y cómo hay procesos abiertos en distintos países y registros que van desde Bruselas a Saint Denis, además de existir un foco permanente en el tapón que supone Turquía y la atención que se le presta a Irak».

Pero para que este proceso se pueda realizar es también necesaria una adaptación de la Justicia a las nuevas tecnologías. «Dejemos los bolígrafos y cojamos el ordenador. No se entiende que con un móvil pueda realizar cualquier transacción bancaria y en la Justicia se siga tirando de papel».

Otro de los puntos que consideró clave a la hora de abordar una transformación del sistema judicial es la adaptación de su lenguaje para hacerlo comprensible al ciudadano. También, la necesidad de reconfigurar términos que han adquirido connotaciones peyorativas, cuando precisamente debe salvaguardar el derecho de las personas, como es el caso del imputado.

De esta manera, de lo que se trataría sería de realizar una política judicial orientada a los ciudadanos, consiguiendo (como se establece en otro de los ejes) que se trate de un servicio público de calidad. Todo ello implica una profunda reforma de la planta y demarcación judicial. En definitiva una revolución dentro de la Justicia ante un mundo que cambió «en 2011, un cambio que sirvió de excusa para cambiar y reformar diferentes aspectos».