El 'talón de Aquiles' en la lucha contra el narco

El traficante de droga se arriesga y sabe a lo que se atiene si lo pillan dedicándose a un ‘negocio’ prohibido. Pero muchos de ellos repiten. La amplia mayoría. La reincidencia en los delitos contra la salud pública es altísima en cualquiera de sus escalas. Desde el camello que se dedica al trapicheo, hasta las grandes organizaciones criminales dirigidas por ‘capos’ que acumulan condenas pero que siguen operando a pesar de estos castigos. Da igual. Aunque pasen por prisión, muchos de ellos vuelven a hacerlo. Vuelven a intentarlo.

Desde que hace ahora tres años el Gobierno puso en marcha un plan especial contra el narcotráfico, ahogado y presionado por la impunidad con la que estaban actuando los narcos en ese constante pulso a la falta de autoridad en zonas como el Estrecho y el resto de la costa andaluza, se han desarrollado más de 4.700 operaciones policiales . Se han decomisado 460 toneladas de droga y se han intervenido 29 millones de euros. Unas cifras descomunales, fruto de un trabajo diario y muy complicado que realizan los cientos de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encomendados a este fin. Pero a pesar de este esfuerzo, la ley manda y el sistema judicial ordena cuál es el futuro penal de estas personas. Cuál es el castigo que tienen que recibir.

Este pasado Día del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, el coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, anterior jefe de la de Algeciras, Jesús Núñez, ponía la lupa en una cuestión que, debido a su experiencia y mando, no hay que pasar por alto. El coronel pedía mayor contundencia, más respaldo legal, penas y condenas más duras, entendiendo que la lucha contra el narcotráfico debe ser conjunta y estar acompasada con la ley para que sea realmente efectiva.

Todos esos arrestos, las investigaciones que se realizan, pasan a los juzgados y ahí es donde se decide a qué se enfrentan estas personas. Si vuelven de nuevo a la calle, o si hay pruebas suficientes para que pasen un tiempo alejados de ella por lo que han hecho y además si pagan o no el daño causado y el gasto que, por cierto, también han supuesto. Y es aquí donde tanto el coronel como los agentes que trabajan en estas operaciones, la Fiscalía, los sindicatos policiales, los colectivos antidroga... piden mano dura. «Van siempre por delante de la ley. Saben cómo hacer para que el castigo sea menor y además hay normas que no están adecuadas y deberían de actualizarse», cuenta una fuente consultada. ¿Y cuáles son esos flecos que se entiende que deben de revisarse?

Desde que se incrementó la presión policial en todo el litoral del Estrecho, los narcotraficantes comenzaron a cambiar su forma de operar, buscando por ejemplo puntos de alijo o transbordo de la droga más alejados de la costa o en otras zonas para eludir los controles policiales. Por eso por ejemplo se detectó que, aunque no era un ‘modus operandi’ nuevo, cada vez más estaban optando por hacer transbordos de la droga en alta mar. O incluso, permanecer varios días fondeados esperando el momento para entrar a alijar a costa.

Y en ese cambio de estrategia están teniendo un papel fundamental los conocidos como ‘petaqueros’. Esas personas que se encargan de almacenar y surtir de combustible a los narcos ya que sus ‘gomas’ o barcos tienen que permanecer más tiempo en el agua. Necesitan por tanto de más gasóil que el que usaban antes para un simple viaje de ida y vuelta a Marruecos y también de víveres como comida, bebida, ropa, etc. Además no hay que olvidar que el uso de estas potentes narcolanchas ya está prohibido por decreto por lo que si se les incauta también les supone una pérdida económica importante.

Las decenas de intervenciones de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales en este sentido dan muestra que cada vez se aprehenden más barcos o furgonetas cargadas de combustible. Los agentes llevan tiempo advirtiendo de este hecho y piden que el almacenaje y transporte de gasolina para narcolanchas (cuando así se prueba) sea considerado un delito y no una simple sanción administrativa. Además advierten de que también es un peligro para la ciudadanía ya que este combustible se acumula o se traslada de forma completamente negligente y peligrosa.

Sin embargo, la actual normativa en España solo prohibe el transporte particular de más de 60 litros de combustible, que deben de ir además en recipientes homologados. No es el caso de las petacas de plástico que usan los traficantes. Y la cantidad, claro. Llegan a cogerles hasta mil litros, muy lejos de los 60 permitidos. Sin embargo, al final todo queda en una sanción.

Otro de los asuntos que se ponen a menudo sobre la mesa al respecto de que sería necesario revisar en el Código Penal es las penas a las que se enfrentan aquellos que cultivan y trafican con marihuana. La propia Fiscalía Antidroga de Cádiz, comandada por la fiscal de este departamento también en toda Andalucía, Ana Villagómez, ha advertido en varias ocasiones sobre este tema. Muchos traficantes que antes se dedicaban al hachís e incluso personas ‘neófitas’ que se introducen en el narcotráfico con esta droga, han visto en las plantaciones de cannabis todo un filón . Por un lado, por el alto precio que la ‘maría’ alcanza en Europa (cuatriplicando o más su valor), y por otro, porque su tráfico se castiga con penas mucho más blandas que las del hachís y, por supuesto, que la cocaína.

Sin embargo, la proliferación de estos cultivos sigue imparable. Incluso con organizaciones extranjeras que llegan a asentarse en Cádiz donde, camuflados donde sea (fincas, viveros, casas, pisos, naves), cultivan toneladas de cannabis para ganar millones de euros con ello. Además, y como alertan desde asociaciones antidrogas, esta ‘maria’ es cada vez más dañina debido a la cantidad de THC y otros componentes que se le incorpora para tener cosechas mayores y más rápidas.

Está también de sobra demostrado que el narcotráfico reporta generosos beneficios. Mansiones, barcos, coches de alta gama y todo tipo de lujos embargados a gente sin oficio legal conocido así lo constatan. Por ello desde el propio Gobierno se intensificó también la lucha contra el blanqueo de capitales de dinero procedente de este ilícito.

Pero de nuevo los narcos van, en algunas de estas ocasiones, por delante y ponen a nombre de otros sus propiedades. Familiares o testaferros que están dispuestos a ceder a cambio o no de una contraprestación. Esta cuestión también es de sobra conocida pero es muy complicado poderlo probar. Por eso se sigue insistiendo en reforzar legalmente y judicialmente las investigaciones destinadas a desenmarañar este tipo de tramas económicas , desenmascarar empresas pantallas o intentar obstaculizar que los narcotraficantes que son detenidos tras meses de investigación y esfuerzo puedan pagar fianzas de miles de euros de un día para otro con un dinero que es, al menos, sospechoso. O, también, que cuando salgan de pagar su pena, sigan teniendo y disfrutando de la misma riqueza que cuando entraron. «Les sale rentable», sentencia otra fuente consultada.

El refuerzo judicial de medios es otra de estas claves. De nuevo la Fiscalía lleva años adviertiéndolo. Decenas y decenas de causas abiertas o cerradas que se solapan y se acumulan para unos juzgados ya de por sí sobrepasados. Como ocurre en Algeciras, o en Barbate, o en Sanlúcar. La burocracia judicial y garantista por la que hay que tratar siempre al presunto autor de un delito aquí se hace gigante. Desde el primer momento. Desde una simple notificación. A veces no hay forma de dar con ellos para citarlos y se emiten órdenes de busca. Ellos también lo saben.

En otras ocasiones, una causa puede estar años paralizada por la concatenación de recursos que presentan sus abogados y que hay que ir resolviendo y dando curso uno a uno por un sistema, según denuncian fuentes judiciales, «caduco y lento» con el riesgo añadido de que se pase algún plazo formal. Así por ejemplo, llegan a sala procedimientos que llevan cinco, diez años incluso, en instrucción. Metidos en esa maraña. Y así, con estos retrasos, el atenuante legal de las dilaciones indebidas (porque en realidad no ha sido culpa del procesado) les termina beneficiando porque se reduce la condena a la que en un principio se enfrentaban. Muchas de esas veces y tras pactos de conformidad, vista la situación, se rebaja hasta menos de los dos años lo que supone (si no tiene otras sentencias firmes en su contra) la suspensión y, por tanto, la libertad.

Además, como decíamos, estas redes son cada vez más complejas, por lo que toda su instrucción también se complica. No solo se les juzga por un delito contra la salud pública, sino que también se tiene que intentar probar que son un grupo jerarquizado (pertenencia a grupo criminal) donde cada uno tiene una función (punto, guarda, piloto, cargador, proveedor, cabecilla...) y además que han ganado dinero y han invertido en bienes sin declararlo. Todo un puzzle que cada vez es más difícil de montar.