TRIBUNALES
Los supuestos amaños en las oposiciones a policía local de Puerto Serrano, a juicio en noviembre
La Audiencia juzgará a partir del 7 de ese mes y durante tres semanas al exalcalde de la localidad y a varios mandos policiales acusados de «diseñar» el proceso para «favorecer» a dos familiares
Hace cinco años, 344 opositores se examinaron en una convocatoria en la que se ofertaban tres plazas para la Policía Local de Puerto Serrano . Las vacantes fueron finalmente ocupadas por el que entonces era novio de una de las hijas del exalcalde de la localidad, Pedro Ruiz (IU), el yerno del jefe de la Policía Local de Antequera, y un hermano de un policía de Puerto Serrano. El escándalo saltó cuando empezaron a llover las denuncias de supuestos perjudicados que aseguraban que el proceso de selección había sido amañado . El caso llegó a los juzgados y el fiscal en su escrito de acusación concluyó que de los tres aspirantes que obtuvieron plaza, sólo el último lo hizo sin trampas.
Tras completarse la instrucción, ahora, el caso llega por fin a la Audiencia Provincial. La Sala Octava acogerá a partir del 7 de noviembre el juicio sobre este espinoso asunto que sentará en el banquillo durante tres semanas a a una decena de personas, entre ellos, al exalcalde de Puerto Serrano, Pedro Ruiz (IU) y mandos policiales de las provincias de Sevilla y Málaga. El Ministerio Fiscal considera que el exregidor polichero diseñó «un procedimiento teledirigido de oposición con el ánimo de beneficiar a su futuro yerno».
Para Ruiz la Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación continuada. Entre los responsables policiales se investiga al jefe de la Policía Local de Antequera y su también yerno; el entonces jefe de la Policía Local de Puerto Serrano, el subinspector de la Policía Local de La Puebla de Cazalla el jefe de la Policía Local de Osuna, así como varios agentes locales. La Fiscalía los acusa, en su mayoría, de cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y de otro de prevaricación, y pide para ellos penas de inhabilitación para cargo público por un periodo de tiempo que oscila entre los siete y los diez años.
Según sostiene el Ministerio Público, el exregidor «prevaliéndose de la posición que ostentaba en calidad de alcalde, con el ánimo de beneficiar a su futuro yerno, diseñó un procedimiento teledirigido» de oposición a la Policía Local, para que «una de las tres plazas que iban a salir fuese de antemano para R.G. V. y otra para D. G. G.». Y para lograrlo, quería un tribunal «de plena confianza».
Pedro Ruiz y Francisco Javier Gómez llegan a la Audiencia.- F. JIMÉNEZ Una muesca más en el currículum judicial del exregidor polichero
El caso que llegará a los juzgados en noviembre no es el único que ha sentado en el banquillo de los acusados al exalcalde de Puerto Serrano, Pedro Ruiz (IU). Fue justamente una sentencia la que le apartó de la Casa Consistorial en 2013 tras permanecer dos décadas en el gobierno en un municipio considerado entonces un fortín de Izquierda Unida en la Sierra de Cádiz.
Entonces fue inhabilitado por la concesión de una licencia urbanística y dejó definitivamente el cargo al confirmarse la sentencia. Mientras llegaba ese momento, delegó las funciones en su primer teniente y mano derecha, Francisco Javier Gómez, quien acabaría sustituyéndole y quien también ha resultado salpicado por diferentes acusaciones. Gómez dimitió en 2014 culpando al PSOE de que había dinamitado su vida política presionándole con las demandas judiciales.
Pedro Ruiz ha sumado ya varias condenas. La última la confirmó recientemente el Supremo. Se trata del llamado 'caso de la floristería' en el que se le procesó por contratar los suministros municipales de floristería y papelería a la tienda de su esposa desde el año 2007 al 2011. Lo que, según la sentencia, le supuso unos beneficios al negocio familiar de 25.169,84 euros. Tras la condena, recurrieron y el Alto Tribunal le rebajaba la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz seis meses. De un año y nueve meses a un año y tres meses por un delito de gestión interesada, disminuyendo también de cinco a tres los años de inhabilitación impuestos por este mismo delito. Sin embargo, la sentencia del Supremo le ha mantenido los nueve años de inhabilitación para cargo electivo en el ámbito local por un delito continuado de prevaricación.
Su última visita a los juzgados fue en noviembre del pasado año por el 'caso de los enchufismos'. Entonces, Ruiz llegó a un acuerdo de conformación. Aceptó una pena de cuatro años y un mes de inhabilitación. Este pacto con el Ministerio Fiscal aprobado por la Sala le permitió reducir considerablemente la pena a la que se enfrentaba. El Ministerio Público pedía para Ruiz Peralta doce años y nueve para su sucesor. Anticorrupción los acusaba de pagar con fondos municipales las nóminas mensuales a familiares de concejales y cargos del Consistorio sin que éstos fueran funcionarios de la administración local. Al parecer, realizaban estos contratos sin que se hiciera un proceso de selección previo y en contra de los informes de la Intervención del Ayuntamiento serrano.
