Fernando Sicre
Sobrecogedor debate
No se trata por lo tanto de cargarse los pueblos pequeños de España. Se trata de adaptar a la realidad actual
He leído lo escrito sobre la propuesta de apoyo a la resolución de la FAMP para que las diputaciones no desaparezcan. PP y PSOE hacen frente común en favor de ellas. Sobrecogido estoy. Con los pelos como escarpias. Conteniendo la respiración. «Quien propone que se supriman las diputaciones es que desconocen cómo funcionan». «Sí la sociedad en general supiera la labor que hacen, nadie las pondría en duda». «A los pequeños municipios se les ofrece asistencia jurídica, económica, planes de empleo, inversiones que luego venden sus alcaldes, pero que no serían posibles sin las diputaciones». De veras, PP y PSOE me han dejado en estado de shock. Sólo que la lectura del BOE me ha devuelto el pulso y me ha vuelto a situar en la realidad.
El Tribunal Constitucional en sentencia de 3 de marzo ha resuelto sendos recursos planteados contra la reforma del régimen local, contenidas en la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Ha vertido una serie de consideraciones dignas de tener en cuenta en este debate y poder acometer el llamado «mapa local». La Constitución otorga al Estado un papel relevante en su configuración: debe determinar el modelo que garantice la viabilidad del ejercicio de las competencias municipales. Otorga la conformidad de constitucionalidad para que el Estado facilite las fusiones de municipios, en cuanto que ello se sitúa en el terreno de su competencia de bases del régimen local. El fortalecimiento institucional de los municipios conformaba el núcleo central de la Ley 27/2013 y el Constitucional sanciona la constitucionalidad de la medida. La reducción del mapa municipal en los términos de la Recomendación del Consejo de Europa, mediante la unión de municipios de menos de 5000 habitantes, permitiría afrontar adecuadamente los problemas que subyacen derivados de la debilidad estructural y funcional de los mismos. El PP lo había entendido cuando diseñó su programa electoral para las elecciones de 2011. Elevó a la Comisión Europea su programa de estabilidad para el período 2014-2017, previendo la fusión de municipios de menos de 5000 habitantes.
El fortalecimiento institucional en el nivel municipal, haría inservible a la diputación. Y en caso de que una instancia superior gestionase en el ámbito provincial ciertas políticas, la Administración competente para ello debiera ser la autonómica, por cercanía y porque vertebra su estructura en paralelo al territorio objeto de gestión. No se trata por lo tanto de cargarse los pueblos pequeños de España. Se trata de adaptar a la realidad actual, las nuevas instancias de gobierno y administración del municipio fusionado. Asegurando que estos tengan autonomía y capacidad de gestión de los servicios que las leyes les exigen presten a sus vecinos. Por su puesto a un coste razonable. Y es aquí donde el debate se queda sin contenido: los municipios de menos de 5000 habitantes soportan un coste medio por la prestación de esos servicios de 1250 €, mientras que los municipios de más de 100.000 habitantes ese coste se sitúa en los 450 €.
Miren, los islandeses decidieron en el año 1990 una nueva organización municipal. Pasaron de 7.200 municipios a 76. Debe ser que la sangre caliente y la mente fría necesarias para la supervivencia en el círculo polar, invita a la racionalidad. En el trópico las cosas son distintas. La mente calenturienta adobada con la sangre que hierve a borbotones, producto del clima mediterráneo, supone que nuestro sistema corporal solo se refrigera a base de «cruzcampo» heladas. Tanta cerveza impide el raciocinio. Tantas prebendas políticas «diputacionales», impiden la reforma que la Ley propuso y que el Constitucional ha sancionado como acordes con la Constitución.
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