Sindicatos critican la prohibición de realizar una caravana con vehículos en Cádiz el 1 de mayo

La Unión Local de Cádiz del Sindicato Andaluz de Trabajadoras (SAT) y la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) han denunciado públicamente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz por prohibir la realización de una caravana de vehículos para conmemorar el 1 de Mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, en Cádiz.

El SAT y la CTA comunicó el pasado lunes a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz su intención de organizar una manifestación el 1 de Mayo en Cádiz. Debido a la situación derivada de la epidemia de coronavirus y del estado de alarma impuesto, la manifestación se realizaría en «no más de 50» vehículos privados , «donde habrá sólo una persona por vehículo, manteniendo siempre la distancia de seguridad entre ellos» y tomando «todas las medidas de seguridad y salud necesarias, cumpliendo con las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades pertinentes».

No obstante, la Subdelegación del Gobierno, en respuesta del día 22 de abril, amparándose en informes de la Abogacía del Estado y de la Policía Nacional y Local de Cádiz, ha prohibido dicha manifestación por el riesgo que podría suponer para la salud pública , al poder contagiarse terceras personas.

«Tenemos constancia que resoluciones similares se han emitido ante convocatorias de manifestación rodada o a pie en otros puntos de Andalucía (Sanlúcar o Sevilla) y del estado, lo cual nos parece una inaceptable violación del derecho fundamental de reunión y manifestación . Hoy mismo se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía denunciando la resolución de Subdelegación del Gobierno y solicitando que se permita realizar la manifestación», explican los sindicatos.

Desde el SAT y CTA han denunciado «el doble rasero del Gobierno » a la hora de establecer qué actividades ponen en riesgo la salud de las personas y cuáles no: «Por un lado, desde el comienzo del estado de alarma hemos asistido a situaciones dramáticas de miles de trabajadoras y trabajadores en centros y empresas sin las medidas de prevención adecuadas, cuando no faltando totalmente, y trabajando sin respetar la distancia de seguridad, o teníendose que desplazar hasta sus centros de trabajo sin la más mínimas condiciones sanitarias de seguridad, y ante lo que la Inspección de Trabajo no siempre ha actuado con la contundencia que se esperaría».

Del mismo modo, denuncian «la deriva autoritaria, recentralizadora y militarista que el Estado de Alarma y la gestión del Gobierno está provocando, en un verdadero acto de disciplinamiento de la clase trabajadora y los pueblos del estado, testando formas represivos y de control social, ante una inminente crisis económica y social de gran magnitud que provocará, si no lo evitamos, una vuelta de tuerca más en los recortes de derechos y sujeción a los dictados de las grandes empresas y bancos. Deriva autoritaria que no sólo hemos podido ver por la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, con agresiones y miles de multas y detenciones, sino con resoluciones como la que aquí denunciamos».