Educación
Puntos conflictivos y reivindicaciones de la concertada ante la «ley Celaá»
Aprobada por mayoría en el Congreso, ahora debe pasar al Senado
Concentración contra la ley educativa en San Felipe Neri
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba este jueves el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Educación, la Lomloe, conocida popularmente como «ley Celaá» . Tras el debate, los gritos de toda la oposición pidiendo «libertad» han evidenciado una vez más el rechazo que produce esta norma tan polémica que ha elevado las críticas de las escuelas concertadas de toda España, y ahora se remitirá al Senado donde continuará el trámite parlamentario.
Existen varios puntos especialmente conflictivos en torno a esta ley. Y a su vez, hay una serie de reivindicaciones clave que hace la concertada. En el capítulo de conflictos se encuentran la eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, la supresión de los centros de educación especial, la posibilidad de pasar de curso con asignaturas suspendidas y el hecho de que los inspectores de educación ya no deberán opositar.
Pero sobre todo esta «ley Celaá» es polémica en cuanto a las numerosas limitaciones que impone a la concertada ya que principalmente vulnera el derecho constitucional a la libertad de enseñanza, de ahí las principales reivindicaciones de este sector.
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Derecho a la libertad de enseñanza
Según los representantes de la concertada, la Lomloe «supone un ataque sin precedentes» al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Al eliminar la demanda social como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros . Para hacerlo, se inventa un «derecho a la educación pública» , completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados.
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Control político
En contra de las recomendaciones de todos los organismos e instituciones educativas internacionales, «lesiona aún más la autonomía de los centros , atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político» con el objetivo poco disimulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario, cuando esa es contrariamente la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos. Además, posterga, aún más, la asignatura de religión , sin alternativas y sin efectos en la evaluación, y retoma la polémica educación para la ciudadanía a través de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que tiene el riesgo de utilizarse como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres.
3
Pérdida de empleo
La «ley Celaá» amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y el futuro tanto de la educación diferenciada, a la que se la aboca a no financiarse con fondos públicos y a su desaparición como opción pedagógica, como de los centros específicos de educación especial .
4
Derechos de la infancia
Insiste en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero cambia a establecer como garantes a los poderes públicos , y no a los padres, o incluso a los poderes públicos frente a los padres.
5
Segregación educativa
La administración distribuye de forma unilateral al alumnado con desventaja social, educativa o económica por lo que en vez de evitar la segregación educativa, tiene la consecuencia práctica de impedir la libertad de elección de las familias de esos menores, cuando son estos alumnos los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor.
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