SUCESOS
Cae una red que usaba de tapadera kebabs de la provincia para introducir ilegalmente a pakistaníes
Habían organizado un entramado empresarial compuesto por más de 60 establecimientos de comida rápida en toda España, 14 de ellos en Cádiz donde comenzó la investigación
Ocurría hace dos fines de semana. Tal y como adelantó LA VOZ , un amplio dispositivo formado por Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia de Fronteras de Polonia se desplegaba bajo la coordinación de Europol por la provincia de Cádiz. El objetivo era la desarticulación de una organización de origen pakistaní dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes que tenían como destino España y otros países europeos.
Aunque la red se terminó expandiendo por todo el país, la investigación comenzó aquí. La sospecha nació cuando tras unas inspecciones los agentes se dieron cuenta que en la provincia se habían abierto curiosamente entre 2011 y 2012 «un elevado número» de kebabs . «Todos los locales reunían unas características comunes, la actividad comercial era escasa o nula, eran regentados por ciudadanos de origen pakistaní, y en todos se encontraron empleados trabajando de forma irregular en España».
De esta forma, los investigadores empezaron a tirar del hilo y detectaron que todos, en concreto catorce establecimientos, aunque con nombres diferentes, estaban vinculados entre sí ya que entre sus propietarios existía algún tipo de relación. Así comprobaron que además de en Cádiz la red se extendía a otras provincias como Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén. En total tenían en propiedad cincuenta establecimientos, catorce de ellos en la provincia gaditana.
Según detallan, la organización había construido «un entramado empresarial» compuesto por más de treinta sociedades limitadas constituidas con un capital mínimo y vinculadas entre sí por co-titularidad. Además se detectó que los trabajadores se encontraban en situación irregular. De hecho, la investigación ha destapado que el uso real de los kebabs era servir a la organización para obtener permisos de estancia en España para los inmigrantes que introducían irregularmente . Y también, este tipo de negocio «les permitía justificar la presencia física de numerosos ciudadanos pakistaníes en nuestro país».
'Contratados' y engañados
Así, los propietarios presentaban ante la Seguridad Social las propuestas de contrato de trabajo para supuestos futuros empleados (que, en realidad, ya se encontraban trabajando para ellos sin ningún tipo de protección legal) y éstas le servían como base para la obtención de los permisos. Sin embargo, según los investigadores, los trabajadores no eran luego dados de alta .
Pero el engaño no quedaba ahí. Los agentes detectaron que los supuestos empleados « pagaban a la organizació n con la finalidad de obtener la documentación necesaria para regularizar su situación en España, con lo cual se encontraban en una situación de total indefensión y dependencia absoluta, que se aprovechaba de la situación de necesidad de estos compatriotas».
Todos estos indicios llevaron a los investigadores a descubrir el verdadero motor económico de la organización, que estaba basado en la introducción ilegal de inmigrantes, en su mayoría de origen pakistaní, en España y otros países europeos y su explotación laboral en los diferentes locales regentados por la organización. Por otro lado, el desproporcionado número de sociedades mercantiles y las numerosas cuentas de autónomos utilizadas para una misma actividad comercial, permitía a la organización diversificar la deudas contraídas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, lo que también dificultaba la actividad inspectora y permitía diluir las posibles responsabilidades administrativas y penales que, en su conjunto, supondría un fraude de tales proporciones.
14.000 euros por viajar hacinados
¿Y cómo llegaban?Pues el viaje a España se hacía de dos maneras: por la «ruta central» (a través de Libia e Italia) o la «ruta oriental» (atravesando Turquía y Grecia). El trayecto se podía elegir, el pagar 14.000 euros, no. Eso sí, el billete incluía «graves riesgos» , puesto que en muchas ocasiones «viajaban hacinados en embarcaciones en pésimas condiciones de conservación, sin ventilación y sin ningún tipo de condiciones higiénicas y sanitarias». Como ocurrió el pasado agosto, cuando, incluso, uno de estos inmigrantes falleció por la inhalación de gases en la bodega del barco en el que era transportado.
Una vez en España, eran distribuidos por la organización por los diferentes kebabs de los que disponían, donde eran explotados laboralmente, siendo «obligados a trabajar en jornadas continuadas, sin ningún tipo de descanso y sin recibir a cambio ningún tipo de remuneración ni tener ninguna clase de derecho social».
Finalmente y tras varios años de investigaciones, se da por desarticulada esta organización criminal, con la detención de 25 personas, 23 registros en España y la participación de 250 agentes.
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