ENTREVISTA
«El protocolo antidesahucios no evita ni paraliza el procedimiento»
El juez decano de Cádiz mantiene entre sus principales objetivos agilizar el día a día de la justicia en la provincia y racionalizar la carga de trabajo que asumen
Imparcialidad, proporción, rigor, objetividad, independencia, equilibrio, rectitud... son algunos de los principios que se mantienen inmóviles sobre la mesa del despacho de un juez. Pesan, pero ahí están. Cada uno de ellos es tan importante como el otro y ninguno puede fallar. Pablo Sánchez Martín (Granada, 1963) lo sabe bien. La experiencia le avala. Tras su paso por los juzgados de Antequera y Santa Cruz de Tenerife, el magistrado es desde 2013 el juez decano de Cádiz, donde llegó hace 20 años y, donde desde entonces, lucha a diario por defender que un buen trabajo tiene que ir respaldado de medios, que la eficacia, el compañerismo y el compromiso son materias ineludibles en la gestión y que el principio y fin de su profesión está ahí fuera; con los ciudadanos. Cercano y amable se muestra al lado de la realidad.Quizá la conozca mucho mejor que otros porque, cada día, la mira a la cara.
–Recientemente firmaba con el alcalde de Cádiz el llamado protocolo antidesahucios. Ha dado mucho que hablar, ¿en qué consiste?
–Pues en que cuando en el juzgado se inicie un procedimiento que pueda dar lugar a que una persona sea desalojada de su vivienda, le vamos a facilitar la información de los Servicios Sociales del Ayuntamiento para que si lo desea acuda a este servicio por si allí le pueden dar algún tipo de ayuda. Bien, a modo de sufragar una deuda que pueda tener, o buscándole otra vivienda. Pero el protocolo no incide en absoluto en el procedimiento. No se evita ni paraliza. La única forma de que se pare es que haya acuerdo de las partes o bien que el demandado pague al arrendador. Nosotros sólo le decimos que puede contactar con Servicios Sociales.
–Entonces, ¿servirá para evitar desahucios realmente?
–Bueno, como freno del desahucio no tiene ningún efecto porque el procedimiento tiene que seguir adelante. Estamos sometidos a la Ley. No podemos admitir la intervención del Ayuntamiento ni de otro organismo en el procedimiento porque no está legitimado. Y así se les ha dejado claro. Luego dependerá de los recursos municipales. Además, hay que aclarar que afecta al que no pueda pagar al arrendatario, no a quien no pueda pagar hipoteca o a quien ocupe una propiedad ajena.
–Y en este proceso, ¿la protección de datos está asegurada?
–Sí. Se ha insistido mucho en que hasta que no haya consentimiento escrito de los afectados, no trasladaremos su solicitud de ayuda. Los datos que se facilitan son sólo los del demandado, los del arrendatario que puede ser desahuciado. Nunca los del arrendador.
–En otras ciudades lleva años en marcha. ¿Se ha notado su efecto?
–Sí. En Granada por ejemplo lleva unos dos años y la gente sí se está acogiendo. En la medida en que los juzgados puedan prestar colaboración debemos hacerlo, siempre y cuando lo permita la Ley.
–¿El número de casos de desahucios en Cádiz es alarmante, o está más o menos en la media de España?
–Son unos 200 al año. Entra dentro de la media. No hay grandes oscilaciones.
–Poco antes de firmar el protocolo, el alcalde de Cádiz criticó que los jueces actúen con tanta inmediatez en estos casos y sin embargo dilaten los tiempos «cuando se habla de gürteles, púnicas y corrupción», ¿qué le pareció esta observación?
–Bueno, a la Justicia se le critica si va rápida o si va lenta, da igual. Pero son cosas muy distintas. Un desahucio depende íntegramente de la oficina judicial, y si hay dilación es porque se tarda en localizar al demandado. Si no hay problemas, en tres o cuatro meses el asunto puede estar zanjado. Los temas de corrupción suelen conllevar investigaciones muy complejas. Ahí habría que tener en cuenta los medios materiales y personales con los que se cuenta que, en algunas ocasiones, no son los más adecuados, y además, retrasa la cantidad de diligencias que dependen de otros órganos que hay que practicar. Esta opinión, aunque en este caso viene de una administración local que no es la responsable de dotarnos de recursos, fue desacertada, porque hay que analizar las causas de por qué un procedimiento sí se puede llevar con cierta celeridad o por qué no.
Falta de recursos
–¿Qué necesidades de los juzgados de la provincia le preocupan más?
–La cobertura de bajas por enfermedad o por cualquier otra causa que en ocasiones se dilata en el tiempo. También en el caso de los jueces. Se intenta no poner sustitutos externos sino que nos cubramos entre nosotros, lo que supone una sobrecarga añadida. Y luego, la falta de medios materiales. Los sistemas informáticos no son especialmente potentes y las averías tardan en arreglarse. Por ejemplo, en los juzgados de lo Social llevan seis semanas con una sala de vistas inutilizada porque el sistema de grabación no funciona. Esto está suponiendo un esfuerzo tremendo para todo el personal. Están pidiendo que se les preste otras salas. Tienen que esperar y empezar los juicios después de que acaben los que están asignados, por lo que alargan sus jornadas laborales. Se les propuso que aplazaran pero han preferido no provocar más retrasos.
–Llevan años esperando una Ciudad de la Justicia prometida, ¿qué le parece?
–Creo que su creación supondría un avance muy importante. No sólo para nosotros sino también para los ciudadanos. Ahora tenemos el juzgado de violencia en la sede de la Audiencia Provincial, los de lo contencioso, en Ana de Viya, Primera Instancia e Instrucción en San José, y en el Estadio, penales, Primera Instancia 5 con registro civil, los sociales, mercantil y menores... Estamos hablando de cuatro sedes distintas, que si para nosotros ya es complicado para el resto de profesionales es tremendo. Se producen retrasos porque por ejemplo a un abogado no le da tiempo llegar de un lado a otro, otras veces hay ciudadanos que se han perdido, letrados que vienen de fuera... es un verdadero lío. Además una Ciudad de la Justicia estaría mejor dotada con todas sus dependencias modernas y adecuadas. En algunos juzgados la situación es lamentable.
–¿Y ve Altadis un buen lugar para esas dependencias tal y como se ha barajado?
–El arquitecto me comentó que esos terrenos serían una ubicación muy adecuada porque no habría que hacer muchas reformas. La obra sería relativamente sencilla. Por su ubicación es perfecto porque está a la entrada de la ciudad y habría aparcamiento, no como sucede en las sedes del centro. Además, si todos esos servicios pudiéramos tenerlos a mano, facilitaría todo el trabajo.
«La Ciudad de la Justicia supondría un avance, no sólo para nosotros sino para todos los ciudadanos»–¿Oficialmente le han comunicado algo nuevo sobre este traslado?
–No. Oficialmente no nos han comunicado nada. Sólo que la Ciudad de la Justicia estaría en 2006 y estamos en 2016 y no hay visos de que salga adelante.
–Bueno, al menos se ha anunciado la creación de tres nuevos juzgados para la provincia, ¿son suficientes?
–Siguen sin ser suficientes pero por lo menos a alguien les deja respirar. Por ejemplo uno va para Chiclana, allí hay cinco juzgados y están absolutamente desbordados. Además el Juzgado Mercantil dos, que en realidad ya funciona con dos jueces y lo ideal sería que aunque creen uno nuevo se mantuviera ese refuerzo ya que se está haciendo un excelente trabajo. En los juzgados de lo Social en Cádiz se está señalando para 2017 y aquí no se ha previsto uno nuevo. Están completamente desbordados, han padecido muchas reformas y supone una carga de trabajo irracional y totalmente inasumible.
El 'papel cero'
–Otro asunto que marca la actualidad es la instauración del ‘papel cero’, ¿se llegará a tiempo?
–No. Es absolutamente imposible que el 1 de enero podamos tener papel cero en Andalucía. Primero necesitaríamos equipos más potentes porque ya estamos muy limitados. Es una entelequia. Los profesionales tienen que presentar telemáticamente sus escritos pero el juez está fuera de esa medida, así que esos documentos los tendría que imprimir para resolver. No hay tiempo ni medios para poder cumplirla.
–Otro reto importante que se les presenta es con la reforma penal y el acortamiento de los plazos, ¿cómo la afrontan?
–Bueno, con esta reforma ha molestado que se haya dado a entender que el problema de los plazos era de los jueces. Pero los retrasos se deben a muchas cuestiones ajenas. Es verdad que luego la Ley establece una serie de prórrogas pero se está planteando con eso un problema muy serio porque, ¿qué ocurre si a la vista de los informes que se recibe transcurrido el plazo se considera que es necesario practicar otras pruebas y ya no hay posibilidad? Ya se tendría que remitir la causa con los datos que se tienen.
«Se está haciendo una reforma de un calado tremendo sin dar más medios a los profesionales»–Por tanto, ¿las investigaciones pueden ser más superficiales?
–Sí, podrán ser más parciales porque no tendrán los medios de prueba suficientes. Se está haciendo una reforma de un calado tremendo pero no se les está dotando de más medios a los juzgados para que realmente puedan llevarla a efecto.
–¿Qué casos se podrían ver afectados por esta medida en Cádiz, por ser procedimientos muy largos y engorrosos, Bahía Competitiva podría ser uno de ellos, por ejemplo?
–Bahía Competitiva, justo al haberse iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley por estar en tramitación no se verá afectado. El problema será aquellos cuyas instrucciones hayan comenzado a partir de la entrada en vigor de la reforma. Los casos de corrupción en temas económicos podrían verse muy afectados porque hay que pedir mucha documentación y a menudo las administraciones son reacias a facilitarlas al juzgado, luego tiene que solicitar los peritos, puede dar lugar a diligencias... Está claro que si queremos resultados, primero habría que poner los medios.
«Ojalá pudiéramos dedicar a los casos el tiempo que quisiéramos»
El juez decano tiene claro lo que le pedirá a los Reyes Magos en el terreno profesional: «Que seamos capaces de conciliar la vida familiar y laboral. Es uno de los temas que más me preocupa», sostiene. Según confiesa es lo que más quejas suscita entre los profesionales de la justicia. También entre los jueces, claro. «No conozco a ninguno que no trabaje por la tarde en su casa o los fines de semana. Estaría bien que se dejaran de tanto legislar sobre conciliación y que realmente la hicieran posible. Que nos permitan tener una carga de trabajo que fuéramos capaces de asumir sin tener que estar todo el día agobiados».
Los datos le respaldan: El 76% de los juzgados en España está sobrecargado y, según los módulos que maneja el Consejo, casi todos superan lo recomendable. En Jerez por ejemplo el índice está en un 150%. «Te ves desbordado a la hora de resolver y no se le puede dedicar a los casos la atención que realmente requieren». Para hacerse una idea. En un juzgado de instancia se están dictando una media de 500 resoluciones de fondo anuales, lo que supone más de una sentencia al día, incluidos sábados, domingos y festivos, «por lo que obviamente no se les puede dedicar el tiempo que tu realmente quisieras». Pablo Sánchez lo admite:«A veces no puedes responder como te hubiera gustado hacerlo». Pero a pesar de los obstáculos, la profesionalidad manda y resiste.
Haciendo un repaso a su trayectoria, el juez recuerda especialmente un caso que le marcó. «Fue el homicidio de una chica que murió estrangulada en Tenerife. Fueron ocho meses de trabajo incansable con Policía y Guardia Civil pero desgraciadamente no se pudo llegar hasta el final». ¿Y alguno que le costara especialmente?«Desde el punto de vista personal, el tener que condenar a un compañero en un asunto civil por una actuación inafortunada. Fue duro tener que adoptar aquella decisión...».
