Profesionales de Justicia de Cádiz valoran el nuevo Decreto-Ley

Con ella también trata de hacer frente al previsible incremento de asuntos en los órganos judiciales tras el parón provocado por la crisis sanitaria.

No obstante, algunas de las medidas adoptadas no resultan satisfactorias para todos los profesionales de la Justicia . Entre ellas, la más polémica es la referida a la habilitación parcial del mes de agosto. Representantes de distintos cuerpos de la administración de Justicia y profesionales de Cádiz valoran y analizan algunas claves de la nueva norma .

El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz se muestra partidario del empleo de medios telemáticos para proteger a los profesionales . En cuanto a la debatida habilitación del mes de agosto expone que «no pongo en duda la bondad de la medida pero eso es difícil de conjugar con vacaciones de jueces y fiscales ». Estrella considera que «la medida más racional y útil sería obligar a que todo el mundo se fuera en agosto de vacaciones y no empezar con la mitad en agosto, otros en septiembre, otros en noviembre... Sería irnos todos a la vez y que quedara agosto como estamos ahora con servicios esenciales y nada más. Es una decisión política y la que respeto y acato. Pero no sé qué hubiera sido mejor».

El magistrado y presidente de la Audiencia se refiere además a los letrados y graduados sociales que no paran estos días de trabajar y también destaca otras medidas que valora positivamente. «Ellos también tienen derecho a vacaciones. Y en este caso, el abogado no se puede coger vacaciones porque está sujeto a los señalamientos que le pongan. Todo tiene sus pros y contras evidentemente. La agilización del proceso familia me parece muy bien siempre que no mengüe el derecho de defensa. A eso no le pone pegas nadie. Lo que ha roto la baraja ha sido agosto. Que estará hecho con la mejor intención eso nadie lo puede discutir, pero no sé si funcionará».

La responsable de la Fiscalía Provincial considera que «es lamentable que en la exposición de motivos del Real Decreto Ley del dia 28 de abril no se exponga cuál es el motivo de convertir ciertos días de agosto en hábiles. Por ahora, no he hablado con nadie que haya encontrado utilidad a esa medida , ni yo se la veo. No le veo interés a tal decisión ya que lo relevante para que sea eficaz la administración de justicia no es cuántos días son hábiles o inhábiles en un año, sino el número total de horas de trabajo que se realicen en un año. Las horas de trabajo anual de letrados de la administración de justicia y el demás personal que conforma las oficinas judicial y de la Fiscalía vienen determinadas por ley . Habilitar más días no va a determinar que por ese personal se trabajen más horas. Y jueces y fiscales necesitamos ese personal auxiliar para trabajar». No obstante Ayuso plantea como alternativa que «sí puede ser interesante que se refuercen con personal interino o de otra naturaleza, los órganos judiciales y las fiscalías . Esa medida sí que ampliaría las horas efectivas de trabajo de la Administración de Justicia en el año. Y eso no requiere habilitar ningún día inhábil legalmente». Además, advierte que «habilitar tantos días de agosto es una medida que complica, innecesariamente, el sistema de trabajo y también de merecido descanso y de conciliación familiar, de letrados, procuradores y graduados sociales y otras personas ».

Ángeles Ayuso se refiere también a la implementación de las medidas tecnológicas que afirma que «una vez establecidas, naturalmente han de reportar utilidad y dar agilidad al trabajo desarrollad».

Y en este sentido comenta que «muy optimistas, o mejor dicho, muy exigentes no nos podemos mostrar los fiscales en cuanto a su implantación, porque no es razonable esperar que la administración competente, que es la Junta de Andalucía, de un día para otro pueda modernizar tecnológicamente la actividad jurisdiccional, incluyendo el trabajo telemático a distancia . No creo que esas medidas se puedan establecer en todos los órganos judiciales y de fiscalía, de inmediato, no sin un dispendio sensacional. Y no es éste momento para grandes gastos. Tenemos la impresión de que no vamos hacia una revolución en medios tecnológicos sino más bien hacia la adopción de algunas medidas que fortalezcan ciertas actuaciones judiciales muy necesitadas de ello».

Campoy considera positivo el nuevo Real Decreto . «Tenemos una situación de una pandemia global en la que se ha paralizado toda la maquinaria judicial, ralentizarla costó trabajo porque hubo que aplicar un mecanismo legislativo complejo y ahora se está intentando poner en marcha con otro resorte legal». El coordinador de los letrados de la Administración de Justicia en Cádiz comenta que « acordar las distintas medidas no es fácil . Hay que hablar y consensuar con muchos colectivos y considerar todas las implicaciones que tiene desde punto de vista legal, económico y social. Por eso muchas de esas medidas me parecen muy acertadas sobre todo las referidas a los procedimientos nuevos que serán preferentes y que están intentando minimizar el impacto de la pandemia, desde el aspecto económico , por ejemplo el caso de los procesos especiales por Ertes, el de que impugnaciones a los bancos que no prorroguen el pago de las hipotecas, entre otros están muy bien y adaptadas a la realidad». Desde el punto de vista organizativo Campoy asegura que «le consta que el Ministerio ha oído a todos y cada uno de los colectivos para que aporten ideas y soluciones y una gran mayoría, están aportadas por esos colectivos».

En cuanto a la habilitación del mes de agosto explica que «ha sido siempre un mes para el descanso de todos y en especial, al ser inhábil, de los profesionales de la justicia como abogados, procuradores, graduados sociales... que tienen todo el derecho del mundo y en muchas ocasiones el mes de la recuperación del juzgado, es decir servía en algunos casos para sanear algunos juzgados que sacaban mucho trabajo en ese mes . Este año lo que han hecho es algo excepcional. Y estoy seguro que habrá sido escuchando a todas las partes».

También organizativamente destaca que «se haga la incorporación poco a poco siguiendo las medidas sanitarias y para ello la única solución es alargar la jornada para que no coincidan tantos funcionarios en un mismo turno . Además la necesidad de esta pandemia ha añadido un criterio propio de empresa privada, es decir, si un juzgado tiene mucho trabajo y se necesita, se puede asignar personal de otro que esté más liberado para aligerar, respetando siempre los derechos de los trabajadores. En general, el ambiente entre todos los operadores jurídicos es bueno y todos los colectivos van a por lo mismo, que se normalice la situación en justicia y salgamos adelante».

El representante de los procuradores gaditanos se muestra más crítico con la norma. «Todos somos conscientes de que la justicia sufre un atraso enorme pero de antes de la crisis sanitaria. En estos dos meses la justicia no ha continuado; ha estado parada al 95%. Si hubiera ánimo real de contrarrestar de alguna manera eso, sin la palabra inversión en la misma frase es imposible ».

Con esta idea desmonta algunas de las medidas y expone que «sería eficiente dividir el horario de mañana y tarde pero implementando plantilla. Podría entender que se habilitara agosto, incluso que de ello dependa que yo pueda tener vacaciones, siempre que todos los operadores de justicia trabajáramos en el mes de agosto . Me parece una medida inoperativa e insolidaria. Nadie ha pensado que vamos a estar dos años sin vacaciones. La medida es muy populista, fácil de vender pero eso en la practica puede significar que haya un juez que decida no celebrar juicios en agosto pero el que esté al lado sí los quiera señalar, dependerá de ellos».

Alonso insiste en la necesidad de invertir en justicia. «Hay que reforzar, implementar, invertir, crear juzgados... Pero estas medidas me parece que no son acertadas y por supuesto no han sido consensuadas. Ha habido conversaciones y traslado de información pero tanto la Abogacía como la Procura estábamos en contra y finalmente se ha aprobado».

El letrado gaditano y vicedecano del Colegio de Abogados de Cádiz, Fernando Estrella, reconoce el trabajo de Juan Carlos Campo aunque lamenta la decisión tomada con respecto a la habilitación del mes de agosto. «Debiendo reconocerse que el ministro de Justicia le ha dado su sitio a la Abogacía durante todo el estado de alarma, estando en contacto permanente con su presidenta y siendo receptivo a las peticiones que se le han hecho, no ha estado nada acertado en el tema relativo a la habilitación del mes de agosto , siendo la mejor prueba que, conteniendo múltiples medidas el Real Decreto, muchas de ellas acertadas, se pasen por alto las mismas y la polémica se centre en un solo artículo». Estrella considera que « este artículo está alejado de la realidad judicial, es poco efectivo y ha sido criticado incluso por algunas de las asociaciones judiciales . Pues la clave del retraso judicial radica solo y exclusivamente en la falta de medios, tanto humanos como tecnológicos, fruto de ser la gran olvidada».

Juan Pérez, delegado de CSIF , ha sido uno de los liberados sindicales que se ha puesto a disposición de los compañeros para los turnos en los que ha sido necesario. Actualmente se encuentra en el juzgado número 1 de Puerto Real. Pérez apunta que « no nos parece bien este Decreto en cuanto no ha sido negociado con los representantes de los trabajadores . Se toman medidas y nunca se cuenta de la opinión de los que van a funcionar con eso. No podemos ofrecer nuestra versión ni nuestro punto de vista. Nosotros queremos trabajar pero queremos de forma segura y con garantías». Con respecto a la habilitación de agosto comenta que «tenemos asumido que nos va a afectar en el tema de vacaciones. Ese mes era un mes que se aprovechaba por gran parte de funcionarios para sacar trabajo atrasado y eso puede provocar que no se adelante como antes. Y lo mismo con los turnos de mañana y tarde que tampoco sabemos cómo va a ser», lamenta.

Por último, hace una crítica con respecta a la situación tecnológica de la administración. « La administración de Justicia está en pañales . En ese aspecto es muy difícil al igual que es complicado compaginar la atención al público y profesionales por teléfono y correo electrónico con la tramitación de los procedimientos que requiere tiempo y concentración».

El abogado gaditano se muestra crítico con la gestión del ministro y con la nueva norma. «No han negociado nada. Estoy muy defraudado con Juan Carlos Campo. Esperaba muchísimo más de este ministro y está haciendo lo mismo que el PP con las tasas judiciales». Olmedo asegura que «un gobierno socialista no puede recortar los derechos los ciudadanos. El atraso en la administración de Justicia no es por el Covid-19, es ancestral ».

Joaquín Olmedo dice a Campo que « modernice, invierta y reorganice los juzgados y créelos y dótelos y busque los 85 millones de euros de las tasas judiciales que se han perdido. Van a reformar procedimientos. No han recogido ni una sola propuesta de Cádiz. Han impuesto y no se ha negociado nada. E insisto, hay que modernizar informáticamente la administración de Justicia y que funcione».