OPERACIÓN 'SABOR SANLÚCAR'
El presidente del Sanluqueño, investigado por desviar presuntamente ayudas públicas para enriquecerse
La Policía Nacional detiene a once personas por malversar los más de 2,5 millones de euros de fondos que recibieron gracias al plan de reindustrialización para la Bahía de Cádiz
El principal investigado diseñó toda una trama que emitía facturas falsas para justificar la creación de la empresa Sabor Sanlúcar, dedicada al marisco y pescado de la zona
Agentes del Grupo de Delincuencia Económica (UDEF)de la Comisaría Provincial de Cádiz han logrado desmontar una trama que presuntamente se dedicaba al desvío de ayudas públicas para enriquecerse. En la operación, denominada ‘Sabor Sanlúcar’ y que «de momento» está cerrada, han sido llamadas a declarar once personas. El principal investigado es el empresario y presidente del club de fútbol Atlético Sanluqueño, Manuel Fernández Alcón, quien, como el resto de supuestos implicados, está en libertad a la espera de que siga la instrucción judicial.
Según detalla la Policía Nacional, Fernández habría recibido subvenciones de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía que estaban dirigidas a la reindustrialización de la provincia de Cádiz. Pero al parecer el destino de los más de 2,5 millones de euros de los que se benefició como ayuda pública tuvieron otro fin muy diferente al de promover empresas en la Bahía gaditana para impulsar su empleo y economía. Según apuntan las investigaciones, estas subvenciones se fueron desviando a un entramado de empresas y sociedades que realizaban facturas falsas para justificar gastos.
Las pesquisas comenzaron a partir de una denuncia que presentó en 2014 uno de los presuntos perjudicados por la trama. Según aseguró, se le adeudaba una importante cantidad de dinero tras haber comenzado la construcción de una nave industrial en el Parque Científico Tecnológico Agroindustrial (PCTA) de Jerez. La promotora de dicha nave era una sociedad registrada en Sanlúcar de Barrameda. El caso llegó entonces a la Fiscalía de Jerez y el Juzgado de Instrucción número 4 también de la localidad se hizo cargo de las actuaciones judiciales y ordenó la investigación de los hechos.
Congelados y platos preparados
Los agentes de la UDEF comenzaron a tirar del hilo. El principal investigado había contactado en el año 2009 con un ingeniero técnico, regente de una sociedad de creación de proyectos técnicos en Sevilla, con el objetivo de crear una sociedad limitada con la que pretendía montar una nueva empresa dedicada a la elaboración de productos del mar.
Aprovechando el tirón gastronómico sanluqueño, decidieron bautizarla como Sabor Sanlúcar. Una compañía que, como reza en su objeto social, se dedicaría a la manipulación y la congelación de pescados y mariscos y derivados así como su correspondiente envasado, transporte y comercialización. Además irían más allá puesto que se ponían el objetivo de elaborar y preparar comidas precocinadas, envasadas y platos preparados.
Tras tener clara su idea de negocio, el siguiente paso era lograr alguna de las ayudas públicas que en ese momento estaban vigentes. Así solicitaron una subvención al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, acogiéndose al conocido como programa Reindus, un plan de reindustrialización subvencionado con fondos procedentes de la Unión Europea. En 2010 se les concedió la primera ayuda (la más cuantiosa) de 2.129.261 euros.
Pero tras las gestiones realizadas, los agentes concluyeron que una importante cantidad de la ayuda que recibió la empresa sospechosa fue utilizada para financiar el proyecto industrial y así dotarlo «de suficiente credibilidad» para conseguir la ayuda del Ministerio. Según la Policía, el principal autor de los hechos diseñó para conseguirlo «toda una trama de facturaciones falsas», con la connivencia de una sociedad de construcción industrial de Sevilla y empresas suministradoras de recursos también de Sevilla y de Madrid. Estas compañías emitían facturas, algunas de ellas por cantidades millonarias, que eran pagadas por la sociedad creada para justificar la inversión ante Industria.
¿Dónde fue el dinero?
Las pesquisas continuaron y la UDEF asegura que en todos estos movimientos bancarios y de números lo que realmente se estaba produciendo era «una recirculación» del dinero. Es decir, primero éste iba de la cuenta bancaria de la sociedad subvencionada a las cuentas de las mercantiles implicadas. Y luego, estas empresas devolvían el importe, o una parte, en concepto de «servicios prestados», a otra cuyo titular era el citado empresario y presidente de una entidad deportiva. Según concluyeron, las cantidades que se llegaron a desviar tenían como destino final «reflotar sus propios negocios de hostelería y otros de su entorno familiar», además de poner en marcha otros, como una discoteca de Sanlúcar. También aseguran que lo invirtió en coches de alta gama, siendo inscritos a nombre de su esposa, que dirige otro de sus negocios hosteleros.
Ya en 2013 consiguió la segunda subvención. La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Provincial de Cádiz, le concedió a Sabor Sanlúcar una nueva ayuda, en la que continuaba como administrador único el principal investigado. En esta ocasión se le otorgó 463.118 euros. Tras lograrla, «continuando con el mismo ‘modus operandi’ que en la subvención anterior procedente de los fondos europeos, los autores prosiguieron presentando facturas falsas para justificar el empleo del dinero obtenido».
Así pues, de los 2.591.379 euros que le concedieron los organismos públicos para la creación de una nueva industria y nuevos puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz, lo único que realmente se materializó fue la construcción de una nave, cuya ejecución se encuentra todavía a medias y que, además, generó cuantiosas deudas con las empresas que participaron en su construcción. A pesar del dinero que sí liberó la administración, estas promotoras siguen esperando cobrar su dinero.
Ahora, Manuel Fernández tendrá que responder ante el juez por cuatro presuntos delitos: Fraude de subvenciones públicas, malversación de caudales públicos, falsedad documental y asociación ilícita.
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