Piden cinco años de prisión para el exalcalde de Prado del Rey

El que fuera doce años alcalde de Prado del Rey, el socialista Fernando Pérez Castillo, tendrá que acudir a la Audiencia Provincial para responder sobre algunas de las actuaciones ilícitas de las que fue supuestamente responsable durante su mandato. Anticorrupción acusa al exalcalde por tres relaciones contractuales irregulares con un empresario autónomo local, por los que acusa a ambos de delitos como prevaricación continuada, falsedad, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y estafa en grado de tentativa. Para Pérez Castillo pide cinco años de prisión y 24 de inhabilitación , mientras que para el autónomo solicita una condena de cinco años y seis meses de cárcel y 19 de inhabilitación.

En 2005, el Ayuntamiento de Prado del Rey contrata a Miguel Ángel Aguilar, como encargado de mantenimiento de la red wifi que el Consistorio ofrece a sus vecinos. Para dichos trabajos se le puso un despacho, un horario fijo y un sueldo de 1.500 euros, «como si de un empleado municipal se tratase» . La diferencia es que tenía que cobrar facturándole al Consistorio, que le prorrateaba mensualmente como si fuera una nómina. Según el escrito de acusación, la contratación se hizo de esta forma para eludir sacar su plaza a concurso público. Con estas condiciones, Miguel Ángel Aguilar estuvo trabajando para el Consistorio «de manera ininterrumpida» de 2005 a 2010, siéndole mejorado su contrato al alza hasta 2008. Según el Ministerio Público ninguna de las facturas que emitió pasaron por el departamento de Intervención. En total, en cinco años se le abonaron por medio de esta fórmula más de 80.000 euros.

Por esta contratación, supuestamente fraudulenta en una administración pública, se acusa a Pérez Castillo de prevaricación continuada y se solicita para él una pena de doce años de inhabilitación, mientras que, para Miguel Ángel Aguilar, la pena de inhabilitación para cargo público durante 12 años por prevaricación continuada.

Otro de los hechos que se investigan tuvo lugar a partir de junio de 2004. Fue entonces cuando el exalcalde solicitó una subvención por valor de 76.000 euros a la Junta para la compra de diverso material para la Policía Local de la localidad. De todo lo solicitado (emisoras de radio para los vehículos y walkies) únicamente se le concedió la ayuda de 7.564 euros, en la que se incluían los suministros solicitados más dos pistolas por valor de 2.000 euros. Como el Ayuntamiento no llegó a adquirir estos bienes, cuando la Junta pidió que justificase la compra, el alcalde solicitó a Aguilar que hiciera una factura falsa , con la que «se consiguió engañar» a la administración autonómica que «consideró justificada la adquisición del material». Años después, en junio de 2011, «justo antes» de que tomase posesión el nuevo equipo de gobierno del PP, el alcalde y el empresario se pusieron de acuerdo para que el primero firmara un documento ADO (Autorización, Reconocimiento y Obligación), para que el Consistorio pagara al segundo la factura «aún sabiendo que el material no había sido entregado».

Esta factura no se llegó a abonar «por circunstancias hasta ahora desconocidas», por lo que en 2012 el empresario «aprovechando el Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno» para que los municipios saldaran sus deudas con las empresas, presentó en el Ayuntamiento «una relación de facturas impagadas» entre las que se encontraba la suya. Por estos hechos, el Ministerio Público imputa a Pérez Castillo un delito de falsedad, fraude y malversación de caudales públicos en grado de tentativa.

El tercero de los hechos investigados se refiere a unas facturas por material electrónico para el cambio de la televisión local y la instalación de un TDT por importe de unos 1.700 euros, trabajo que se encargó también a Aguilar quien, al no recibir el pago, solicitó que se le abonara dos años después. El problema surgió cuando para pagárselo, al ser un recibo atrasado, tenía que aprobarse en el Pleno. Pero antes de pasar este trámite decidieron que el empresario enviara las facturas por email y la edil de Hacienda se encargara de modificarlas para poder incluirlas en una nueva partida presupuestaria. El alcalde le daría el visto bueno. Finalmente, en este proceso, la interventora rechazó el pago.

Por este último caso, el Ministerio Público solicita dos años de prisión para el exregidor por falsedad de documento oficial e inhabilitación por el tiempo de condena.Misma pena solicita para Aguilar y la exconcejal de Hacienda.