Cádiz ,| Tribunales
«El padre Pepe estaba como autorizado en cuentas de ancianos»
Trabajadores de la residencia El Santísimo confirman que el acusado tenía acceso al dinero de los usuarios y que a su entrada en el centro tenían que firmar un contrato por el que se comprometían a pagar todas las deudas
Los dos acusados, en el banquillo, en la segunda sesión del juicio en la Audiencia de Cádiz.
Las cuentas de los ancianos de la residencia El Santísimo dirigida por José Herrera, el padre Pepe , en Medina, y el uso que se hacía de ellas centra gran parte de la responsabilidad penal que sienta estos días en el banquillo al presidente de los Obreros de la Cruz , asociación religiosa no reconocida por el Obispado de Cádiz. La Fiscalía le acusa de haber estafado durante años unos 300.000 euros a cuarenta ancianos cobrándoles el cien por cien de sus pensiones y ayudas, por lo que fue detenido junto al administrador de la residencia en 2009 por la Guardia Civil. El Ministerio Público solicita para ambos la pena de seis años de prisión .
Once años después de aquellos hechos, la Sección Primera de la Audiencia de Cádiz acogía este martes la segunda jornada de esta juicio con la declaración de varios testigos. Entre ellos, trabajadores del centro residencial. Y todos coincidieron en afirmar (con mayor o menor memoria) que el padre Pepe tenía acceso a las cuentas. Este extremo ya fue reconocido por el propio encartado ante el tribunal el lunes justificando que manejaba ese dinero para pagar los gastos y también cobrar las deudas que habían generado los ancianos antes de que se les fueran concedidas las pensiones.
Sin embargo lo que se pone en tela de juicio es de si se les pudo cobrar más dinero de lo que realmente estipulaba el pago de las plazas concertadas ya que la Junta de Andalucía abonaba el 75 por ciento de estas ayudas en el caso de los usuarios que no tuvieron ningún ingreso y ellos supuestamente les cobraban la pensión completa. Por otro lado, se dirime si el procedimiento para poder acceder a esas cuentas fue legal. Es decir, si por la incapacidad intelectual que muchos de ellos presentaban y al no tener familiares ni tutores se pudieron aprovechar de esta circunstancia.
En este sentido, los testigos explicaron cómo era dicho procedimiento. En primer lugar, la hermana del padre Pepe que durante algunos años fue auxiliar y, posteriormente, coordinadora en la residencia. Según explicó los ancianos llegaban al centro derivados de los propios ayuntamientos y algunos de ellos no tenían pensión ni ninguna otra forma de pagar dichas plazas. Por ello se celebraron varias reuniones en las que las administraciones se comprometieron a buscarles una salida. «Jamás nos planteamos echar a ningún abuelo a la calle», afirmó, «ellos conocían toda la situación». «Nos movimos mucho para defender a ciudadanos que no tenían nada».
En estas circunstancias, se les hacía firmar un contrato de entrada . En él había una cláusula (en la que incidió la fiscal) por la que el padre Pepe se convertía en los casos de dependientes sin tutor ni familiar en 'guardador de hecho' por lo que el presidente podía acceder a sus cuentas y, además, ese usuario quedaba obligado a responder a la deuda que generara con efecto retroactivo. Esta testigo refirió que ella era consciente de que su hermano era autorizado de las cuentas de 38 usuarios y también de personas fallecidas para afrontar los «gastos de defunción».
También declaró otra asistenta social que estuvo tramitando papeles personales de los usuarios y haciendo el registro de entrada. Según expuso si esa persona no tenía ningún familiar se contactaba con la Fundación gaditana de tutela y se iniciaba el proceso para que fuera incapacitado. Como afirmó desde su llegada al centro se 'regularizó' en este sentido la situación de «muchos» usuarios que estaban ocupando plazas privadas pero sin abonar nada. Ese fue el caso por ejemplo mencionado en sala por la acusación pública de un hombre que sufría esquizofrenia y estaba incapacitado desde 1997 y que, sin embargo, en 2006 volvió a firmar un contrato con la cláusula del pago de la deuda contraída.
Otro auxiliar que trabajaba en el pago a proveedores y también atendía las cuentas de gastos globales de cada uno de los usuarios coincidió en manifestar que el presidente de la asociación era persona autorizada para manejar las cuentas de estas personas dependientes. Por otro lado, un trabajador y miembro de la asociación en Venezuela afirmó que recibían dinero llegado desde Medina en concepto de fines sociales.
Según mantiene el padre Pepe, quien niega cualquier tipo de estafa, recibían a personas que no tenían nada e intentaban tramitar las subvenciones con la administración. Una vez que la tenían asegura que les cobraban el cien por cien de la pensión en vez del 75 por ciento estipulado porque el 25 restante se empleaba en gastos como peluquería, seguros de decesos, médicos, etc.
El juicio continuará los próximos días con la declaración de todos los testigos. El caso que se comenzó a investigar tras la denuncia de uno de los usuarios levantó una gran polvareda en Medina y toda la Janda donde esta asociación era muy conocida por todos los vecinos.
En 2009 los Obreros de la Cruz fueron desahuciados de la residencia El Santísimo por orden judicial por no pagar el alquiler a la empresa que había comprado el inmueble. Desde entonces su gestión pasó a la ONG Mensajeros de la Paz.
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