VIVIENDA
Ocho familias okupan un edificio en Puerto Real
No disponen de luz ni agua y dicen no haber recibido ningún tipo de ayuda del Ayuntamiento
Ocho familias han decidido okupar un edificio vacío de viviendas en Puerto Real, en la zona conocida como La Cruz de la Degollada. Todas proceden de un desalojo por no pagar el alquiler o por instalarse de forma ilegal en otras viviendas y al frente de cada una se encuentra una mujer. Las ocho, con edades de entre 23 y 49 años, son las que han decidido crear esta nueva corrala emulando a la que ya se ha constituido en Cádiz. La situación es exactamente la misma, se encuentran en un bloque nuevo de pisos sin luz ni agua.
Tiran con una pequeña bombona para cocinar y piden ayuda antes de que llegue el frío. Con ellas residen trece menores, algunos de poco más de un año , que son su principal preocupación. Así lo ha explicado María José Prior, que ha tomado la palabra por todas. Ella misma procede de una experiencia similar tras instalarse en otro inmueble en Casines para el que ha recibido la orden de desalojo. «De forma inmediata y sin que se haya celebrado juicio ninguno», quiere dejar claro. También insiste en que «los pisos que hemos cogido no son de ningún propietario particular», pero tampoco sabe a quién pertenece la promoción.
Lo que sí es cierto es que llevan años construidos y en todo este tiempo han permanecido cerrados. En alguna ocasión han pasado por ellos otros okupas que han provocado daños . Aclara María José que se han encontrado «ventanas rotas, los termos arrancados y otros desperfectos» y que la intención es convertir ese edificio en su nuevo hogar.
Dice también haber hablado con el propietario de dos de las viviendas y el local comercial del bajo, que se ha acercado al edificio cuando ha empezado a haber movimiento. A él le han asegurado que «esas no se van a tocar». Otras ocho ya han sido okupadas por familias como la suya que no tienen otro sitio donde ir. «Es la salida que tenemos . Eso o dormir en la calle y no voy a consentir que mis hijos duerman ni una sola noche en la calle», alerta otra de las integrantes de esta corrala, que también procedía de los pisos de Casines. « Allí hemos tenido que soportar insultos y críticas de los propietarios y los vecinos, pero quiero dejar claro que nunca nos metimos en viviendas de particulares, todas eran del banco», vuelve a recalcar María José, que recibió una orden de desalojo para abandonar el inmueble el próximo viernes. Aquella promoción era de VPO y los adjudicatarios llevaban años a la espera de que les fueran entregadas.
«Somo la 'Corrala de Puerto Real Artículo 47', que es el del derecho a una vivienda digna de la Constitución», ha señalado. El colectivo ya estaba constituido cuando se instalaron en el otro edificio y ahora crece con otras cuatro familias más. Todas han sido víctimas de desahucios en estos días como el caso de Bernarda Romero, que aspira a que este sea su hogar definitivo. Cuenta que ha vivido ya ocho procesos similares por no pagar el alquiler, pero dice no tener manera de hacerle frente.
Ahora buscan colaboración y asesoramiento para gestionar un alquiler social, una renta a la que sí puedan acceder. Sin embargo, aún está por determinar con quien tienen que negociarlo, porque los contactos de la promotora no funcionan y no saben cuál es la titularidad.
Para ello dicen haber recurrido al Ayuntamiento de la localidad, gobernado por Podemos y Equo, pero lamentan no haber recibido ninguna solución, ni siquiera apoyo . «No han consentido prestarnos un camión para trasladar nuestras cosas, porque dicen que no tienen disponibilidad», critican y tampoco pueden darle otra salida porque no hay las suficientes viviendas sociales. Tampoco dicen haberles ofrecido ayuda económica para pagar el alquiler, ni habitación en una pensión. «A mí me pagaron una durante cuatro días y luego, a la calle», comenta otra de las jóvenes madres que se han puesto al frente de esta corrala.
Por su parte, el equipo de Gobierno asegura haber trabajado para encontrar una salida a estas familias antes de la okupación. La concejala de Participación Ciudadana de Puerto Real, Mayte Sánchez , asegura que desde el pasado 10 de noviembre, cuando conoció la orden de desalojo, ha pedido un aplazamiento a la jueza que lleva el asunto «mientras encontramos una salida habitacional». Pero la salida no ha llegado a tiempo.
La edil ha sido la encargada de tratar directamente con estas mujeres, a las que dice haberle ofrecido un lugar para que puedan dejar sus muebles. « Lo del transporte es más complicado, porque no entra dentro de mis competencias y suponía un problema», aclara. También quiere dejar patente los esfuerzos que se han realizado enviando cartas a bancos, promotores y propietarios privados para que ofrezcan alquileres sociales, pero ninguna de las gestiones ha prosperado de momento.
Sobre este edificio que acaban de okupar asegura no saber la situación en la que se encuentra, pero garantiza intentarán aclararla «para ver si se puede negociar una salida y que se queden en él». En cuanto a las ayudas que tienen a su disposición, Sánchez les recuerda que pueden solicitar las de carácter económico para el pago de alquiler y de suministros que ya se ofrecen a otros vecinos.
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