«No tenemos dónde ir»

El expediente urbanístico que ha terminado en el juzgado y que obliga ahora al Ayuntamiento de Chipiona a demoler 29 viviendas ilegales en varios diseminados de la localidad se reactivó, curiosamente, cuando el PSOE perdió las elecciones municipales en mayo de 2011. La denuncia contra estas construcciones cobró fuerza en 2007 bajo el mandato del socialista Manuel García, cuyo gobierno autorizó luz y agua a estas casas. El conjunto de viviendas afectadas por esta denuncia municipal son pequeñas construcciones en pleno campo, que no están afectadas por ningún proceso expropiatorio ni tampoco obstaculizan viales. El caso más significativo lo encontramos en el Camino de Jerez, próximo al Tiro de Pichón, donde se localiza media docena de construcciones y solo una de ellas tiene orden de derribo. Se da la circunstancia de que la casa afectada por el fallo judicial es de madera, mientras que a su alrededor florecen varias construcciones de ladrillo que no han sido objeto de expediente urbanístico alguno.

El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, se ha referido a esta situación como un agravio sin explicación y muchos se preguntan ahora con qué criterio se hizo el expediente urbanístico que ordena solo la demolición de una casa en un lugar donde hay más construcciones. Los propietarios son Luis Tirado, de 69 años, y su mujer, Manuela Mellado, de 69 años. No entienden los motivos de esta agonía que viven desde hace cinco años y se temen lo peor.

Luis es un jubilado agrícola y pagó a plazos hace tres años una sanción de 5.400 euros por esta casa ilegal. Se trata de una vivienda de madera que, según la Justicia, se apoya en un suelo de cemento. Explican que la losa de hormigón que echaron para proteger la casa es el origen de sus calamidades .

Su vivienda tiene 60 metros cuadrados y se ubica en una parcela propiedad de Luis, que fue herencia de su padre. En este terreno vive la familia y cultiva pimientos, manzanas, membrillos, naranjas… «De esto vivimos y no molestamos a nadie», dice con lágrimas en los ojos , mientras que su mujer no da crédito a lo que está ocurriendo. Viven en esta casa desde hace diez años y en los últimos cinco no han parado de recibir citaciones. Luis cobra una pensión de 800 euros, que se va en pagar multas y al abogado.

Saben que el alcalde Antonio Peña ha dimitido por que no es capaz de firmar la demolición y le están muy agradecido por ello, pero saben también que no están a salvo. Ya han recibido la orden de desalojo y confían en que el recurso interpuesto les permita seguir bajo el mismo techo. «No tenemos dónde ir».